América Latina, la región más peligrosa para defensores ambientales
Más de dos tercios de los asesinatos de defensores ambientales ocurrieron en América Latina, clasificada constantemente como la región más afectada desde que Global Witness comenzó a publicar datos en 2012. Además, los datos de 2019 revelan que este año se ha producido el número más alto de muertes de esta naturaleza en un solo año hasta la fecha. Un total de 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en dicho año, un promedio de más de cuatro personas por semana.
En 2019 solo en la región amazónica se produjeron 33 muertes. Casi el 90% de los asesinatos en Brasil fueron en la Amazonía. En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018, a 14 el año pasado, convirtiéndose en el país per cápita más peligroso de 2019.
Más de la mitad de los asesinatos reportados en 2019 se produjeron en Colombia (64) y Filipinas (43). Ambos países han registrado un aumento de ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente desde 2018. En la clasificación le siguen Brasil, con 24 asesinatos, México (18), Honduras (14) y Guatemala (12). Europa sigue siendo la región menos afectada, con dos personas asesinadas en 2019 – ambas trabajaban para detener la tala ilegal en Rumania
La agricultura a gran escala, la minería y la tala continúan ocasionando la mayoría de ataques contra personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo. Los pueblos indígenas siguen estando en mayor riesgo de represalias, con un 40% de víctimas pertenecientes a comunidades indígenas. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de los ataques letales fueron contra pueblos indígenas – a pesar de representar tan solo el 5% de la población mundial.
Desde Global Witness piden «escuchar las demandas de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y amplificarlas». Así como, «presionar a los que están en el poder (empresas, financiadoras y gobiernos) para abordar las raíces del problema, apoyar y proteger a los defensores, y crear normativas que garanticen que los proyectos y operaciones se lleven a cabo con debida diligencia, transparencia y consentimiento previo, libre e informado».
