Como ya sabran, un juez de Madrid ha condenado a Daniel Anido y a Rodolfo Irago, director y jefe de Informativos, respectivamente, de la cadena SER por publicar una información en Internet. Veamos:

Nacho Escolar resume el caso así:

Al fin justicia: seis años después, un juez de Madrid ha firmado dos penas de cárcel para un proceso relacionado con el Tamayazo. Pero como la judicatura española es así, la condena ha caído sobre dos periodistas por contar cómo unos empresarios relacionados con este pestilente episodio afiliaron de forma irregular a un montón de amigos en el PP de Madrid para controlar así una agrupación local; la antesala del Ayuntamiento (y de la siempre rentable Concejalía de Urbanismo). […] . Si la prensa ni siquiera puede contar en qué partido milita un político, ¿cómo de secretas resultarán sus cuentas bancarias en Suiza?

La condena es en primera instancia y todos los juristas consultados por las emisoras y periódicos estos días dicen que es insostenible y que el recurso no dejará viva ni una de sus líneas. Según el juez, una web «no es un medio de comunicación social», así que se rige por otras normas jurídicas elegidas a su discreción -no por las constitucionales- . Ese es el argumento principal que se usa para condenar a los dos periodistas.

Por tanto, la libertad de expresión, e incluso el derecho constitucional a informar y ser informado tienen extraña cabida en estas páginas:

«la protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social -televisión radio o prensa escrita-, pero debe matizarse, Internet no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal» -ha dicho el juez…. ¿por qué no interestelar?

Quizá no sepa que el BOE, por ejemplo, ya no se publica en papel, se publica solo en la red porque las ciencias avanzan que es una barbaridad.

Evidentemente, la Sentencia contra Daniel Anido y contra Rodolfo Irago nos afecta a todos, a la profesión periodística y a los propietarios de cualquier web. Por eso ha provocado un alud de reacciones en todos los medios de comunicación. Nunca antes un juez había conseguido unir a tantos, nunca antes una sentencia había concertado tal unanimidad; nunca antes el concepto de «fallo judicial» había tenido tanto sentido:

 El director de Abc, Ángel Expósito, ha calificado de «sorprendente», «inaudita» y «absurda» la sentencia. «Esta sentencia atenta contra la libertad de expresión, contra el ejercicio de la profesión […] no hay por dónde cogerla».

El director adjunto de El País, -donde el tema ha protagonizado el Editorial-, Vicente Jiménez, la ha calificado de «absurda»: «Desde diferentes poderes públicos y privados hay una voluntad permanente de limitar la capacidad de los periodistas de ofrecer información relevante para los ciudadanos».

Incluso el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, la ha calificado de «disparate» y ha lamentado que exista un «retroceso evidente» en la apreciación por parte de los tribunales de la importancia y protección constitucional de la libertad de expresión. El director ha tachado el fallo de «despropósito» y ha recalcado que «lo más grave» es que se «inscribe» en una «tendencia que viene apreciándose» de «deterioro en la defensa de la libertad de expresión por muy distintas instancias jurisdiccionales». Después de recordar que el delito de revelación de secretos «no es un delito concebido para castigar a periodistas».

y los directores de los principales periódicos no han sido los únicos: jueces, fiscales...

Pero lo mejor viene cuando establece las penas. El juez ha condenado a Daniel Anido y a Rodolfo Irago a sendas penas de un año y nueve meses de prisión, también a inhabilitación para el ejercicio del periodismo, a seis meses de multa de 100 euros diarios y a una indemnización de 125.000 euros… No recordó que todavía le quedaba el destierro, la excomunión, los latigazos y la purga de ricino.