Excluir a los inmigrantes irregulares de la atención primaria en Sanidad, es un riesgo sanitario que aportará «poco ahorro», según el profesor universitario y médico Luis Andrés Gimeno Feliu: Sanidad cifró ese ahorro en 500 millones de euros.

No se sabe a cuantos pacientes afectará, porque no existen registros de inmigrantes sin papeles.  Los cálculos dicen que entre medio millón de personas y unas 800.000 viven en España sin permiso de residencia y sin constar en ningún registro, ni siquiera el padrón, por lo que ya estarían excluidos antes de la posibilidad de obtener una tarjeta sanitaria. Ahora hay que añadirle tantos otros.

[Actualización 13-8-2012. La cifra de 500 millones es disparatada. Un ejemplo: La Comunidad de Madrid paga 360 euros al hospital de Valdemoro en concepto de atención «por paciente». Puede servirnos para calcular lo que cuesta un paciente al año. El PP estaría presuponiendo que más de un millón trescientas mil personas sin papeles, sin tarjeta, sin padrón, estaba utilizando la sanidad, y requiriendo el tratamiento más completo y caro .

Pongamos que un inmigrante ilegal sea mucho mas caro, porque lo dice el PP. Pongamos que su tratamiento lo cuantificamos en 500 euros/año…: nos siguen saliendo 1 millón de inmigrantes residiendo en España y tratándose de la forma más cara posible. Ni siquiera parece haber tantos, pero o están todos enfermísimos -en cuyo caso retirarles la atención es gravísimo- o las cuentas están mal hechas].

Mas de 1000 médicos han anunciado su insumisión ante el recorte. Dicen que seguirán atendiendo pacientes, independientemente de que se encuentren exclusidos de la sanidad.

La insumisión es una obligación moral que tienen los médicos, desde el momento que al licenciarse hacen el juramento hipocrático, Juramento que se remonta al Siglo V a.c: «No permitiré que prejuicios de religión, nacionalidad, raza, partido político o nivel social se interpongan entre mi deber y mi conciencia; No prestaré colaboración alguna a los poderes políticos que pretendan degradar la relación médico-enfermo restringiendo la libertad de elección, prescripción y objeción de conciencia».

El Artículo 41 de la Constitución española es claro: «Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo».