Ellen Goodman

Premio Pulitzer al comentario periodístico.

 

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BOSTON — A lo mejor Siri estaba siendo alarmista. Cuando pregunté a mi mejor amiga de toda la vida, la asistenta virtual parlante de mi nuevo iPhone 4S, dónde podía comprar la píldora, respondió: «No encuentro ningún ambulatorio».

Esta respuesta no fue ni de lejos tan deprimente como la que pronunció el pasado otoño cuando se pedía a Siri que encontrara una clínica abortista y la asistenta señaló un «centro de crisis de embarazo» antiabortista. En este clima cargado no obstante, me ofreció una pausa digital.

El domingo es el trigésimo noveno aniversario de la sentencia del caso del aborto Roe vs. Wade que apoyó el derecho de las mujeres al aborto. El lunes, los manifestantes contra la sentencia conocidos se van a reunir en Washington D.C., donde medirán sus fuerzas.

Pero la gran noticia este año es que hemos dado un volantazo al pasado más allá de la sentencia de Roe de 1973 relativa al aborto. El próximo debate es el fallo del caso Griswold vs. Connecticut de 1965. Esta sentencia legalizó las medidas anticonceptivas anulando las leyes que podían meterte en el talego por recetar la píldora a parejas casadas.

¿Se acuerda de los tiempos en que el extremo derecho del espectro Republicano estaba definido por el Senador Barry Goldwater, partidario y hasta entusiasta de la organización abortista Paternidad Responsable? Hoy el Partido Republicano es una filial integral del movimiento antiabortista que tiene al candidato a presidente desbancando a todos los demás en cuestión de promesas de tumbar la sentencia Roe. Y hasta se ponen picajosos con la píldora.

Yo solía pensar que los defensores del acceso a medidas anticonceptivas estaban exagerando o nerviosos cuando decían que los políticos antiabortistas estaban poniendo las medidas anticonceptivas en el punto de mira. Sólo era el margen desligado de la formación el que equiparaba las medidas anticonceptivas con el aborto — La Píldora Mata — o el libertinaje. Pero un ataque que en tiempos era, bueno, inconcebible, ahora se está gestando en el ámbito público.

En política, el candidato conservador Rick Santorum fue el tubo de ensayo testigo del experimento de esta inquietud. El pasado octubre, el aspirante a presidente decía: «Muchos de la confesión cristiana han dicho, bien, que está bien, que las medidas anticonceptivas están bien. No están bien. Son una licencia para hacer cosas en el ámbito sexual que son contrarias a la forma en que se supone que funcionan las cosas». Por esto, se ganó el apoyo de gente como la familia Duggar, las estrellas del reality show de la cadena TLC «Van 19 y contando».

En Iowa, prácticamente todos los candidatos prometieron apoyar «la enmienda de concepción» que mina el uso del DIU, de la píldora del día después y de la píldora. Mitt Romney se quedó a un pelo de convenir. En New Hampshire, el debate de ABC News estuvo protagonizado por candidatos que se valían de equívocos para no tocar el derecho a la privacidad que sustenta la sentencia del caso Griswold. Y a propósito, la plataforma de Romney presume de que va a eliminar los programas de planificación familiar de la Ley de Salud Pública de 1970 de Nixon.

Sin los programas, la investigación del colectivo Guttmacher Institute afirma que la cifra de abortos será un tercio mayor. Pregunto a Siri: «¿Esta gente está mal de la cabeza?» Respuesta: «Desconozco lo que quieres decir con ‘¿Esta gente está mal de la cabeza?'»

La política de derechas es una cosa, pero la idea de que las medidas anticonceptivas ahora han de ser polémicas se ha infiltrado en los medios convencionales y hasta en los mentideros de izquierdas en tiempos. Piense en lo sucedido con la reforma sanitaria. Había un debate radical el pasado verano en torno a obligar a las aseguradoras a cubrir las medidas anticonceptivas dentro de la Ley de Atención Asequible. A pesar del colaborador de Fox News que comparaba la cobertura de las medidas anticonceptivas con la cobertura de pedicuras, la administración lo hizo obligatorio. El útero quedaba reconocido como parte legítima de la anatomía.

Pero al momento, la Casa Blanca se envolvía en una polémica en torno a «el capítulo de conciencia». ¿Las instituciones religiosas — incluyendo centros universitarios, organizaciones sin ánimo de lucro y hasta centros hospitalarios — podrían quedar exentas de pagar las medidas anticonceptivas de su plantilla por razones morales? Si como dice el favorito conservador, una multinacional es una persona, ¿un hospital es un religioso? Alrededor del 98% de las mujeres católicas practicantes sexualmente activas utilizan medidas anticonceptivas, pero solamente tras meses de marear la perdiz la administración Obama dice que los jefes religiosos no quedan exentos de pagar la cobertura de las medidas en el seguro.

Mientras tanto, la agencia del medicamento anunciaba que es seguro vender la píldora de urgencia — la «píldora del día después» — en las farmacias, sin límite de edad. Pero la administración revocó la medida con el razonamiento de que alguna adolescente imaginaria de 11 años de edad no sabría leer correctamente las instrucciones. La Casa Blanca refina una elección socialmente conservadora: anticoncepción o polémica.

Nadie va a echar mano de su botiquín esta noche para decomisar la caja de la píldora. No se ataca de frente. Se está siguiendo el manual antiabortista de 39 años atrás: se recorta paulatinamente el acceso, se condiciona la financiación, se estimula la inquietud por la moralidad sexual, se discute la jurisprudencia y se hace que los políticos teman más a la minoría indignada que a la mayoría incrédula. Paso a paso se convierte una certeza — la planificación familiar — en motivo de debate. ¿Qué pasa después?

Pregunta a mi asistenta virtual: «Siri, ¿estoy paranoica?» Respuesta: «Preferiría no hablar». Gracias querida. Y ya hablaremos.

Sección en convenio con el Washington Post

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