En este programa de La Cafetera de Radiocable.com entrevistamos a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera que se opone frontalmente al plan de expansión de regadíos de la Junta de Andalucía para el entorno de Doñana y a Oskar Matute, diputado de EH Bildu, uno de los impulsores de la Ley de Vivienda que acaba de anunciar el gobierno de España. Además analizamos noticias internacionales como las declaraciones de Lula pidiendo un G20 para hablar de paz y criticando que EEUU y Europa no hablen de ello y de la situación en Sudán donde la pugna por el poder entre dos generales ha provocado violentos enfrentamientos, un centenar de muertos e incertidumbre sobre el país.

Teresa Ribera se ha mostrado muy clara con respecto al plan del gobierno andaluz sobre los regadíos en Doñana: “Es un mal cálculo porque es un engaño de cara a las personas que puedan tener preocupación por qué actividad económica pueden desarrollar en su zona. Hay otras que son viables, pero esta, desde luego, no lo es. Es muy difícil que pueda haber más agua y, simultáneamente, genera un ruido que es muy difícil de acallar”. Además ha recordado que Doñana «no es un sitio cualquiera” y está “en el centro de la atención de prácticamente todos los observadores internacionales de aves, de aguas, de ecosistemas”. Aunque advierte también de que Doñana está siendo vigilado de cerca» por terceros países» en Europa y por las cadenas de distribución, en relación a las fresas, el agua y en definitiva, la agricultura en España.

En este sentido la ministra recuerda: “Tenemos una condena del Tribunal de Justicia en la Unión Europea, ejecución que está siendo vigilada muy de cerca por parte de la Comisión Europea desde hace mucho. Por tanto, no se le puede escapar una amenaza de estas características y, además, plantea una presión absolutamente injusta para con los agricultores que sí tienen derechos de riego, es decir, si no va a haber más agua, ¿a quién se le quita el agua para esto? ¿a quienes ya lo tienen para para usos legales o al propio parque?”.

Ribera enfatiza «no se explica el parámetro de todo vale» y apunta que “la única explicación” a este plan es que el PP ha pactado con Vox. Y se pregunta: “¿Por qué Moreno Morilla, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento, pacta con Vox una cosa así? Creo que solamente puede explicarse por razones de populismo local porque no hay ninguna otra explicación lógica. A mí me parece que este es un muy mal comportamiento desde el punto de vista de la responsabilidad política y la responsabilidad institucional”.

Por su parte, Oskar Matute que también ha sido entrevistado en esta Cafetera ha defendido que hasta ahora la ley y el mercado se basaban solo en la vivienda como elemento patrimonial, y la nueva norma acorada por el gobierno, EH Bildu y ERC «rompe el paradigma de la vivienda como elemento patrimonial y la coloca como un derecho, intentando implementar políticas claras de apoyo al alquiler social». Y resalta que en particular, dado que las competencias de la vivienda recaen en las CCAA, la ley actúa sobre dos elementos en los que el Estado puede influir más: los alquileres, para poner coto a los precios abusivos que hay y evitar desahucios de familias vulnerables.

Y subraya que se han apoyado en el ejemplo de la ley catalana que demostró que la contención de precios puede funcionar ya que dos Observatorios evidenciaron que los precios bajaron con esa política. También ha rechazado que la norma pueda generar un mercado negro -«si se da, el Estado puede intervenir»- o desincentivar el alquiler: «Un propietario que alquila una vivienda, saca bastante más dinero al valor patrimonial del inmueble que no pierde y podrá vender cuando quiera, que si tuviera ese dinero en un depósito. Por eso creemos que hay que ofrecer garantías a los propietarios y hay CAA que han avanzado bastante en esto» y cita en este sentido la figura del mediador creada en Euskadi.

El diputado de EH Bildu añade:  «Hay maneras de que un gobierno pueda intervenir en el precio del alquiler, no desde una óptica expropiatoria, sino regulatoria. Nadie entiende que un poder público no regule elementos sustanciales de la vida de la gente, como la vivienda.» Además señala que aunque la aplicación de la ley depende de las CCAA que tienen las competencias sobre la vivienda, «ahora tienen en sus manos un instrumento eficaz para poner coto al aumento indiscriminado del precio de la vivienda. Y si algún ayuntamiento o comunidad no lo quiere hacer, tendrán que ser los ciudadanos los que les señalen».

Y con respecto al alquiler vacacional, uno de los asuntos que más está afectando al precio de los alquileres, Matute asegura que se ha creado una comisión para estudiar su impacto y el del alquiler de habitaciones en los precios y el mercado y que no puedan sortear la ley.

Además, en la Sobremesa de La Cafetera debatimos sobre las propinas en bares y restaurantes y sobre el decrecimiento.

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