No se puede negar a nadie el derecho de aprender y en la actualidad hay 222 millones de niño y niñas en edad de escolarización que viven en contextos afectados por guerras, desplazamientos forzosos, cambio climático o desastres naturales que no pueden esperar para que se garantice su derecho a la educación. Es lo que han puesto de relieve la ONU y su secretario general Antonio Guterres en una Conferencia de Alto Nivel en la que han detallado que de esos 222 millones, hay en la actualidad 78 millones que no van a la escuela a causa de alguna de estas crisis humanitarias.

La educación es un derecho fundamental reconocido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Sin embargo, ese derecho, que habita básicamente en la infancia, está amenazado debido a conflictos bélicos, crisis climáticas o a la amenaza inminente de una recesión mundial. En la actualidad hay 222 millones de niños y niñas en edad de escolarización que viven en contextos afectados por este tipo de crisis. Esta cifra ha ascendido exponencialmente desde los 75 millones que había en 2016, es decir un incremento de un 196 % en apenas seis años.

Para abordar este problema se ha celebrado en Ginebra la Conferencia de Alto Nivel sobre Financiación de la Fundación ´La educación no puede esperar´ que ha reunido a líderes de todo el mundo para buscar soluciones y asegurar que todos los niños y niñas vayan a la escuela. ANtonio Guterres ha enfatizado que «no se debe negar a nadie la oportunidad de aprender» y ha detallado que en la actualidad hay 78 millones de niños que no van a la escuela en ningún momento debido a las guerras, los desastres climáticos y los desplazamientos.

Desde la ONU se pone de manifuesto que desde su creación en 2017, la Fundación ha capacitado a 87.000 profesores y dado a siete millones de niños en crisis «la educación que merecen».
Pero se pide redoblar los esfuerzos internacionales para garantizar que más niños y jóvenes vulnerables tengan la oportunidad de salir adelante. En el primer día de la conferencia, 18 países y el sector privado se comprometieron a aportar más de 826 millones de dólares.

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