«Mezcla de enfado y esperanza en los astilleros tras la decisión de la UE» señala la prensa extranjera
La devolución de las ventajas fiscales ordenadas por la Comisión Europea para la industria naval española es ampliamente recogida por medios foráneos. Destacan que las ayudas han sido declaradas «ilegales». Hablan de «golpe» para los astilleros, que temen por su supervivencia, pero señalan que ha sido «menos dañino» de lo esperado.
La BBC apunta que España incumplió las normas de la UE con el apoyo a los astilleros. Asegura: «El apoyo estatal a la industria de la construcción naval de España tendrá que ser reembolsado tras una decisión de la Comisión Europea. El plan dio ventajas fiscales a grupos de inversores que financiaron las compras de buques. Según la Comisión, este sistema hizo más competitivos a los astilleros al rebajar el precio de los buques en un 30%. Pero han fallado que la disposición es `ilegal´ y que los inversores tendrán que devolvar las ganancias fiscales a partir de abril de 2007.
Los trabajadores de los astilleros españoles habían estado protestando antes de la decisión de la Comisión Europea. Temen que su fallo afecte a los astilleros españoles y se pierdan puestos de trabajo. El primer ministro español, Mariano Rajoy ha estado haciendo lobby y presionando a favor de la industria.»
Le Monde dice que el sector naval a recibido la decisión con una mezcla de enfado y esperanza. La crónica de su corresponsal Sandrine Morel señala: «Con un sentimiento de enfado y esperanza mezclados ha acogido el sector naval español la decisión de la UE. Enfado primero por una decisión que la asociación Pymar, que agrupa a 19 astilleros, califica de `discriminatoria´ e `injusta´ porque obliga a los inversores a devolver las bonificaciones que no sabían que infringían las normas europeas.
Pese a todo un cierto alivio era palpable entre los responsables de Pymar. La decision de Bruselass tiene `puntos positivos´dicen. Se han ganado dos años y sólos los inversores que se beneficiaron de importantes deducciones fiscales tendrán que devolver el dinero. Empresas como Inditex, El Corte Ingles o Ikea y bancos como Santander o el Popular invirtieron en el sector. Y la verdadera esperanza de los astilleros es que será el Ministerio de Hacienda español quien determinará quien tendrá que devolver las ayudas fiscales, cómo y cuánto.»
The Wall Street Journal habla de golpe a los astilleros españoles aunque dice que menos «dañino» de lo esperado. La crónica de David Roman y Art Patnaude señala: «La UE pedirá al gobierno español que recupere algunos beneficios fiscales de los compradores de barcos españoles entre el 2007 y el 2011, una decisión que podría debilitar a la ya enferma industria de construcción naval en el país de la UE con el mayor número de desempleados. La decisión de la UE es menos dañina para el sector español de lo que se había temido, porque no obliga al gobierno o a los astilleros a devolver ningún fondo. En su lugar Almunia dijo que el gobierno de España tendrá que evaluar la cantidad de dinero que las empresas navieras tienen que devolver.
La asociación de astilleros PYMAR, dio la bienvenida al final de dos años de incertidumbre en los que calcula España perdió unos 50 contratos para construir barcos. Las pérdidas contribuyeron al cierre de siete de los 26 astilleros privados. Muchos de esos contratos perdidos fueron a Holanda, cuyo gobierno puso en marcha la denuncia de la UE contra España, y Noruega, dijo Pymar. Añaden que las pérdidas de contratos pueden hacer más difícil para los astilleros cerrar futuros tratos, poniendo en riesgo puestos de trabajo y empresas no sólo en España, sino en toda Europa que compite con los astilleros de Asia.»
Financial Times señala que es un asunto extremadamente sensible por el mal estado de la industria y por que Almunia es español. El texto de Tobias Buck y Alex Barber explica: «Bruselas declaró ilegales las subvenciones del Estado español a los astilleros, aunque ofreció cierto alivio al maltrecho sector limitando las devoluciones exigidas. Se trata de un asunto extremadamente sensible dado el mal estado de la industria y por el hecho de que Joaquín Almunia, responsable de competencia en la UE y supervisor de la investigación, es también el comisario español.
La inminencia de la decisión desató una inusual e intensa presión por parte del Gobierno español, ante el miedo de que una orden de devolución de miles de millones de euros en ayudas estatales provocase el cierre de empresas y agravase aún más el dramático problema del paro español. En un intento de última hora, el Presidente Mariano Rajoy pidió el lunes a la Comisión Europea que cambiase la postura del regulador. En las últimas semanas, los astilleros españoles han advertido repetidamente que una decisión negativa de Bruselas pondría en peligro hasta 87.000 puestos de trabajo.»
Polskie Radio señala que los astilleros españoles temen que sin ayudas sus naves sean demasiado caras. Dicen: «Bruselas ha decidido que los armadores e inversores de astilleros tendrán que devolver a la UE alrededor de 2.800 millones de euros. España supuestamente violó el derecho comunitario en los años 2007 ?? 2011, cuando las concesiones fiscales se ofrecieron también a los armadores e inversores de astilleros. Gracias a dichas bonificaciones lograron ahorrar hasta 3.000 millones de euros. La Comisión reclama que ahora devuelvan este dinero. Representantes de los astilleros advierten que esta decisión puede provocar un hundimiento de todo el sector, porque sin concesiones fiscales las naves españolas serán demasiado caras y perderán todos sus clientes. «
Euronews señala que España favoreció a determinada compañías y sus ayudas han sido declaradas ilegales. Explican: «España permitió a los inversores comprar naves a travésd de un mecanismo de inversión que les permitía pagar menos impuestos. La Comisión Europea asegura que favoreció a determinadas compañías lo que significó ayuda estatal ilegal.
