Las empresas españolas buscan reforzar su colaboración con la ONU
Bajo el lema “Doing business by doing good” (Hacer negocio, haciendo el bien), el gobierno ha puesto en marcha un plan para incrementar la presencia de compañías españolas en las centrales de compra y negocio de las Naciones Unidas. De momento España apenas es destino del 0,36% de las adquisiciones que se hacen bajo el amparo de la ONU y se ha celebrado un encuentro entre 90 firmas españolas y los responsables de compras de las principales agencias del organismo supranacional para señalar las principales oportunidades de colaboración y negocio.
(Foto: Flickr/Minexguatemala)
El plan de acción está siendo impulsado por las Secretarías de Estado de Comercio y de Asuntos Exteriores y busca incrementar de aquí a cinco años significativamente la presencia española en el «negocio» de Naciones Unidas. Las diez mayores agencias de la ONU invierten en torno a 16.600 millones de euros al año. Y destacan sobre todo cuatro de ellas: United Nations Children’s Fund (UNICEF) que copa el 20% de las compras, la División de Adquisiciones de la ONU (UNPD), 18%, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), 16% y el Programa Mundial de Alimentos (WFP), 15%.
En estos momentos, las empresas españolas recogen unos 60,4 millones de esas inversiones, el 0,36% del total. El plan de gobierno español para mejorar estas cifras tiene cinco ejes fundamentales: reforzar el apoyo institucional, apoyar estrategias empresariales de acceso a las centrales de compra, canalizar el enfoque sectorial de la oferta española, impulsar los partenariados con las agencias y atraer sedes de agencias a España.
Las adjudicaciones de Naciones Unidas se obtienen mediante distintas modalidades dependiendo de la cuantía económica, el bien o el servicio a adquirir. Para contratos de hasta 37.000 euros se establecen una serie de solicitudes de presupuesto en los que no se abre oferta pública, licitándose directamente al proveedor. Para operaciones de más de 37.000 euros existen dos vías: los ITB (invitaciones a licitar), donde se establecen las condiciones que deben cumplir las empresas, y los RFP (solicitudes de propuesta), un tipo de oferta enviada por las multinacionales donde se valora el detalle económico y la función a desempeñar. En cualquiera de estas modalidades, España tiene un amplio margen de mejora.