A los ciudadanos nos cuesta comprender que se utilice dinero público para el rescate de empresas privadas que llevan años repartiendo paladas de beneficios.

Finalmente uno observa que de estos sectores dependen miles de familias y traga:

La mitad del empleo de Opel, que emplea a 55.000 personas en toda Europa, se encuentra en Alemania. Otros países con factorías importantes son España (7.752), Reino Unido (4.700), Suecia (4.000), Polonia (4.000), Bélgica (2.500), Austria (1.600) y Francia (1.500).

Pero nada es tan sencillo en este mundo global. Según el diario EL PAIS: «El temor de la mayoría de estos países es que un aumento de ayudas públicas por parte de Berlín redunde en una mayor garantía para los trabajadores de Alemania. El portavoz de Competencia de la Comisión Europea advirtió ayer de que «no puede darse la situación de que las ayudas públicas se condicionen a que el cierre de plantas se realice en un país y no en otro».

Más allá de esta ayuda concreta, e incluso de las soluciones para estos tiempos de crisis, parece imprescindible que esto nos ayude a exigir a las Administraciones, sistemas de control para que el dinero público se emplee exclusivamente con el objeto de proteger a esos trabajadores. No puede ser que los beneficios sean privados y las quiebras siempre terminen siendo públicas. De la misma forma no puede permitirse que los sueldos de los ejecutivos que llevan a la quiebra a las empresas sigan siendo astronómicos. ¿Hasta cuando creen que la sociedad podrá tolerar eso?