España dice a la ONU que revisará el delito de injurias a la corona y contra el sentimiento religioso
El gobierno español ha aceptado 252 de las 275 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y se ha comprometido a revisar numerosos aspectos relacionados con la libertad de expresión, la relación con Cataluña, violencia de género, inmigración e incluso memoria histórica. Y entre las normas concretas que España estudiaría despenalizar están las injurias a la Corona y los delitos contra sentimientos religiosos que están actualmente tipificados en el Código Penal.
España se ha sometido este año al Examen Periódico Universal, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que evalúa cada cinco años los progresos en materia de garantías fundamentales de cada uno de sus 193 Estados miembros. Y de las 275 recomendaciones recibidas a finales de enero por parte de otros países, el gobierno acaba de anunciar ahora que ha aceptado 252, lo que supone el 91%.
Y en este sentido, destaca, en el apartado de libertad de expresión y opinión, que España anuncia que acepta la recomendación de Bélgica que pedía “garantizar la libertad de expresión y de opinión mediante una reforma del Código Penal para que los delitos tipificados en él se ajusten a las definiciones reconocidas internacionalmente”, y la de Canadá para revisar “los delitos de injurias a la Corona y delitos contra sentimientos religiosos recogidos en el Código Penal”.
En otras áreas, el gobierno español también ha aceptado revisar, aunque no derogar como solicitaba Luxemburgo, la prisión incomunicada. También, en cuanto a violencia de género, España ha anunciado trabaja “en el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que prevé una mejor definición de los delitos sexuales tipificados en el Código Penal, así como garantías procesales adicionales de protección y apoyo a las víctimas”.
Con respecto a inmigración, el gobierno aceptó parcialmente las recomendaciones sobre los centros de estancia temporal de inmigrantes en Ceuta y Melilla y defendió que los CIE, como “centros públicos administrativos de privación de libertad, pero no instituciones de carácter penitenciario”, y que el internamiento se produce únicamente cuando “existe una perspectiva” de que el inmigrante “va a ser retornado”. Y sobre memoria histórica, se acepta la recomendación de Francia y Suiza para asegurar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y garantizar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
