La Ley de Memoria Democrática permitirá ilegalizar fundaciones franquistas
El proyecto de ley que busca actualizar la norma de Memoria Histórica de 2007 y adaptarse a las recomendaciones sobre DDHH de organismos internacionales ha sido enviada por el Consejo de Ministros al Congreso de los Diputados donde va a ser debatida, enmendada y votada. El texto final de la Ley de Memoria Democrática ha sido ajustado por el gobierno ampliando el concepto de víctima del franquismo asi como los requisitos que permitirán ilegalizar fundaciones como la de Franco o el Valle de los Caídos. La ley ha sido calificada de «innecesaria» por el PP, de «revanchista» por Vox y de «insuficiente» por parte de la izquierda y las asociaciones de memoria histórica.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Memoria Democrática.
Con este texto ponemos en el centro de la actividad política a las víctimas para recuperar la salvaguarda de los derechos democráticos.
Abrimos hilo con algunas de las medidas que contiene la ley. pic.twitter.com/2kCY9WoEOm
— Ministerio de la Presidencia (@M_Presidencia) July 20, 2021
«Es la primera ley en la que se condena y repudia expresamente el golpe de Estado del 36 y la dictadura posterior, que han supuesto el periodo más negro de nuestra historia contemporánea», ha asegurado el nuevo ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, tras al Consejo de Ministros.
La ley fija dos objetivos fundamentales: «La recuperación, salvaguarda y difusión de los derechos democráticos y fundamentales», así como el «reconocimiento de todas las víctimas del golpe de estado y de la posterior dictadura». En este sentido el texto final ha ampliado la consideración de víctimas a los represaliados por la lucha sindical, entre otros casos. Además considera «ilegítimos» aquellos tribunales de excepción que dictaron sentencias durante la Guerra Civil, declarándose nulas.
Además se modifica la ley para que se puedan extinguir fundaciones que hagan apología del franquismo, enaltezcan a sus dirigentes y lo hagan con menosprecio de las víctimas o incitando al odio. Esto permitiría ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Y también se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y se resignificará el lugar en el que estuvo enterrado hasta 2019 el ex dictador.
Finalmente la norma da más importancia al movimiento memorialista, que lleva décadas luchando por la verdad, justicia y reparación, aunque será el Estado quien tendrá la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas. En este sentido se crea un Banco Nacional de ADN para facilitar esa búsqueda y se facilitará el derecho de acceso de los archivos y fondos de consulta. La ley sin embargo no contempla una reparación o compensación económica a las víctimas, como reclamaban organizaciones de Memoria como la ARMH.
La ley, según ha destacado Emilio Silva, presidente de la ARMH en el programa La Cafetera, «no es ninguna amenaza para los franquistas» a pesar de que «ahora la derecha pone el grito en el cielo, cuando es una ley que se mueve perfectamente en la impunidad». Silva espera que «en su proceso parlamentario mejore considerablemente».
La Ley de Memoria Democrática recoge, entre otras medidas, establecer contenidos educativos. Sobre los que Emilio Silva ha señalado que «hace énfasis en explicar la lucha por la democracia, pero no pone en explicar lo que fue el fascismo». Cuando, ha dicho, «la historia del fascismo español tiene que estar en las aulas, tiene que formar parte de los mínimos comunes que debe conocer la ciudadanía».
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