“España intenta pasar la página del franquismo”. Así ve la prensa internacional, la nueva Ley de Memoria
La aprobación del gobierno español del proyecto de Ley de Memoria Democrática es noticia destacada en medios de todo el globo. Se pone de relieve que se trata de una norma que busca «saldar una deuda histórica» y reparar a las víctimas y otro paso en la campaña del ejecutivo de izquierdas para reparar la división que aún existe sobre la guerra y Franco y «pasar página·. Aunque uno de los aspectos que más se resalta es que la ley pone en el punto de mira a los seguidores y exaltadores del franquismo, convirtiendo en delito la apología de la dictadura o su líder, sentando incluso las bases para ilegalizar la Fundación Franco y resignificar el Valle de los Caídos.
También se pone de relieve que la ley -que se recuerda aun debe pasar el trámite parlamentario- incluye medidas y fondos para ayudar a la búsqueda de desaparecidos y revisará los manuales escolares. Aunque algún diario, como el TAZ, señala que estos reconocimientos «llegan tarde» y otros alertan de que las tensiones siguen y pueden reavivarse con la nueva norma.
L’Espagne veut tourner la page du franquisme en votant une loi sur la mémoire https://t.co/UyetGcTDMB
— Les Echos (@Iesechos) July 21, 2021
Washington Post resalta que la Ley de Memoria pone la mira en los seguidores de la dictadura de Franco. El diario estadounidense pone de relieve que el gobierno español quiere ilegalizar las expresiones de apoyo del franquismo y prohíbe las organizaciones que exhalten este periodo o sus líderes o que desprecen la dignidad de las víctimas. Recoge que el coalición «liderada por el PSOE» ha aprobado un proyecto de Ley de Memoria Democrática que es un nuevo «hito» en su declarado objetivo de «sanar» la división sobre el papel de Franco en la historia de España, ofrecer reparación a sus víctimas y erradicar el extremismo de derechas -en un momento en el que Vox, partido de extrema derecha está en auge y tiene representación parlamentaria-. Recoge las palabras de Felix Bolaños que destaca que es la primera ley en España que «condena expresamente el golpe y la dictadura», pero advierte de que la norma es «probable» que reavive el debate sobre la libertad de expresión y la figura de Franco, que «sigue provocando fuertes emociones en España».
Les Echos señala que España quiere «pasar la página del franquismo» con una ley de memoria. El rotativo francés, en una noticia de Cécile Thibaud resalta que el proyecto de ley de»Memoria Democrática» aprobado y presentado por el gobierno español busca a la vez «saldar la deuda con el pasado», ayudar a las familias de los desparecidos y preparar el terreno para transformar en el futuro el Valle de los Caídos, «el enorme mausoleo en el que estaba Franco», en un cementerio civil y sitio de memoria. Detalla que el texto prevé desbloquear las subvenciones públicas para ayudar a los familiares de represaliados a encontrar los restos de más de 100.000 desaparecidos y para «restablecer la dignidad de las víctimas». También recoge que la norma prevé revisar los manuales escolares para «evitar los eclipses y equidistancia prudente» que durante décadas fue la norma en las escuelas. Pero advierte de que las tensiones sobre el franquismo y el pasado en España siguen vivas y la irrupción de Vox en la política las ha reavivado.
The Telegraph subraya que España convierte la exaltación del franquismo en delito. El periódico británico apunta, en un artículo que firma Graham Keeley, que tras aprobar el gobierno de izquierdas español un proyecto de ley que permite multar a quienes apoyen a Franco o denigren la dignidad de las víctimas de la guerra y el franquismo, los seguidores del ex dictador han prometido luchar contra la norma en los tribunales. Explica que bajo los términos de la Ley de Memoria Democrática, la Fundación Francisco Franco podría ser ilegalizada y expresar apoyo a la dictadura podría ser multado con un máximo de 150.000 euros. Enfatiza que la norma es un nuevo paso en la campaña del gobierno español para curar la división existente sobre la Guerra Civil y el franquismo.
Die Tageszeitung señala que el reconocimiento que España quiere dar ahora a las víctimas es «tardío». El diario alemán, en un reportaje de su corresponsal Reiner Wandler, destaca que 85 años después del golpe de estado y 46 años después del fin de la dictadura, el gobierno español ha aprobado una ley para que las víctimas reciban «reconocimiento y reparación». Añade que aunque se podría pensarse que «más vale tarde, que nunca», pero sostiene que las familias de las víctimas de los asesinatos, limpieza política y represión del franquismo han «esperado demasiado» y que el reconocimiento es «tardío». Apunta que «es de esperar que el Estado al menos se tome en serio la promesa de hacer cargo de la búsqueda de los restos», ya que recuerda que hasta ahora famlias y asociaciones han estado «cavando solas».
TeleSur apunta que España aprueba una nueva Ley de Memoria para reparar a las víctimas de la dictadura. La TV latinoamericana detalla como la nueva norma del gobierno español asume los coste de exhumar las fosas comunes y de «resignificar» los monumentos que honraban al régimen de Franco. Añade que la Ley de Memoria Democrática lleva un paso más lejos la de 2007 porque penaliza los actos que humillan a las víctima de la Guerra Civil o la Dictadura y además previene que la figura de Franco o el golpe de Estado del 18J sean glorificados. En concreto detalla que los ciudadanos que exalten el franquismo podrán ser multados con entre 230 y 170.000 euros.
La Presse dice que España quiere ahora «saldar su deuda con su pasado fascista». El diario canadiense que el gobierno español ha presentado la versión final de su proyecto de ley con el que pretende avanzar en el trabajo de memoria y sacar a de las fosas comunes a miles de víctimas de la dictadura franquista. Resalta que la norma tiene ahora que ser votada en el Parlamento pero busca «saldar una deuda histórica con el pasado». Recuerda que más de 100.000 victímas de la guerra y la dictadura siguen en fosas comunes, según las estimaciones de los historiadores y familiares. Y resalta que la nueva Ley de Memoria Democrática prevé fondos públicos para buscar a los desaparecidos, hacer un mapa de las fosas y la creación de un banco de ADN para ayudar a las indetificaciones.
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