Una iniciativa legislativa presentada por Más Madrid en la Asamblea autonómica incluye la creación de un censo de personas desaparecidas y un mapa que permita localizar, identificar y exhumar los cuerpos de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en la región. Se trata, según detallan en Publico.es, de la primera ley en la CAM en esta materia.


No podemos hablar de justicia ni de dignidad sin que el gobierno regional contemple de manera urgente esta deuda con la historia y con las familias», afirman desde la formación que lidera Manuela Bergerot. «Los expertos nos dicen que hay más de 50 fosas sin exhumar o identificar y se calcula que albergan de 2.500 a 2.700 personas», remarcan. Por ello han presentado este 10 de diciembre en la asamblea autonómica una proposición de ley pionera “con el objetivo de saldar la deuda que tienen nuestras instituciones con nuestra historia colectiva y con las familias de las miles de personas que siguen desaparecidas”.

Desde Más Madrid critican que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, «compra la agenda ultraderechista y retrocede en estos temas». Así, y al contrario de la popular, consideran que esta proposición de ley apuesta «por impulsar la convivencia, por escuchar a estos familiares» y «por hacerse cargo de lo que unas instituciones modernas y democráticas deben hacer».

Censo de personas desaparecidas y un mapa de fosas

El texto de la ley, a la que Público ha tenido acceso, propone la creación de un censo de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como de sus familiares. Con ello se pretende facilitar la localización e identificación de los cuerpos. Además, la información recabada se compartirá con el censo estatal de víctimas del franquismo.

El documento también contempla la creación de un «mapa integral de fosas comunes» con los lugares donde haya o «se presuma que se pueden encontrar restos de víctimas desaparecidas». Dicho mapa incluirá información sobre «su ubicación, estado de conservación y cualquier dato relevante sobre las víctimas» que puedan estar inhumadas en cada lugar.

Esta ley busca garantizar «la gratuidad de las pruebas genéticas para los familiares y la creación de un Banco de Datos de ADN para facilitar futuras identificaciones», según recoge el texto. Los restos hallados serán entregados a las familias para que puedan enterrarlos. Igualmente, los objetos pasarán por un proceso de restauración y conservación. De no ser reclamados, «podrán catalogarse como bienes patrimoniales para su exposición pública».

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