Niña ucraniana en un acto celebrado en la plaza de Cataluña, en Barcelona.
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Elisa Brey, Universidad Complutense de Madrid
En 1990, España ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Ratificar esta Convención significa respetar y promover los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que están en España.
Cada cinco años, España tiene la obligación de revisar sus actuaciones ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Esta revisión permite ver hasta qué punto se respetan los derechos de los menores.
Actualmente está terminando el VII Ciclo del procedimiento de informes periódicos de España ante el Comité de Derechos del Niño. Este procedimiento tiene cuatro fases. Aquí nos vamos a centrar en los derechos de la infancia migrante.
Primera fase: las cuestiones prioritarias
El 10 de febrero de 2023, el Comité de Derechos del Niño informó a España de la lista de cuestiones previa a la presentación de informes.
El documento de 15 páginas se refiere 38 veces a niños migrantes, adolescentes migrantes, niños en situación de migración o niños o menores no acompañados. La protección de los derechos de la infancia migrante aparece como un tema prioritario. El protagonismo lo tienen los niños.
El objetivo es garantizar la recopilación de datos, el principio de no discriminación, el interés superior del niño, el respeto por las opiniones del niño y evitar la explotación y los abusos sexuales. Se proponen medidas especiales de protección para niños solicitantes de asilo, refugiados y no acompañados y niños en situación de migración. Además, se señala la importancia de cuidar de su salud mental y su acceso a la educación.
En noviembre de 2022, UNICEF ya había emitido un informe preliminar que iba en esa línea.
Segunda fase: el informe español
El 12 de marzo de 2024, España presentó el Informe del Estado parte para responder a la lista de cuestiones previa al Comité de Derechos del Niño.
El documento, de 35 páginas, incluye nueve referencias a niños, niñas y adolescentes no acompañados, menores migrantes o niños en situación de migración. Hay cuatro referencias al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y otras cuatro menciones a crisis o contingencias migratorias. De ello se desprende un lenguaje de tipo administrativo en un contexto de crisis repetidas. Las palabras tienen un significado y con este vocabulario el protagonismo de la infancia no resulta tan evidente como en el Informe del Comité.
En su informe, España menciona planes de formación para atender y escuchar a los niños migrantes, iniciativas para prevenir su explotación sexual y su trata y medidas para evitar su abandono escolar. Se refiere a medidas extraordinarias implementadas en Ceuta para dar acceso a la educación a unos 1 000 menores de edad que entraron el 17 de mayo de 2021.
Y aborda las medidas especiales de protección propuestas antes por el Comité. Se explica el anteproyecto de ley para un nuevo procedimiento de determinación de la edad. Se evoca la adopción, en 2022, del Modelo de gestión de contingencias migratorias para la infancia y adolescencia no acompañada y del Plan de Respuesta ante crisis migratorias para menores migrantes 2022-2023.
Aparece otro punto importante. Según dos sentencias recientes del Tribunal Supremo, las repatriaciones de niños marroquíes por España, desde Ceuta, en agosto de 2021, no se ajustaron a la Ley de Extranjería. Al mencionarlo en su informe, el Estado reconoce las contradicciones entre la norma y la aplicación de la ley. En general, es un gran desafío para la garantía de derechos.
Tercera fase: informes alternativos
Durante la tercera fase del procedimiento, las partes interesadas pueden presentar informes alternativos ante el Comité de Derechos del Niño. Entre marzo y agosto de 2024, se presentaron diez de organizaciones de la sociedad civil y un informe del Defensor del Pueblo. A estos informes hay que sumar otros dos.
De trece informes, cinco no mencionan nada de la situación de la infancia migrante y otros cinco incluyen referencias puntuales. Tres informes se dedican de forma exclusiva a la infancia migrante. Destacan dos factores de especial vulnerabilidad: la ausencia de protección familiar y la carencia de documentación.
Mientras la Fundación Raíces se centra en los niños, niñas y adolescentes que llegan a España sin protección familiar, la Fundación Emet Arco Iris y sus colaboradores abordan la realidad de los niños separados de un adulto, y/o carentes de documentación, cuando llegan a España. La Fundación Cepaim y sus colaboradores se dedican a la infancia apátrida.
En esta misma línea, el Consejo General de la Abogacía Española dedica un apartado específico a los niños no acompañados. El informe señala irregularidades e incumplimientos jurídicos y sociales. Y recomienda contar con abogados especializados en derecho de menores y extranjería.
Fapmi-ECPAT España denuncia los riesgos de explotación sexual de los niños y niñas solos. Estos riesgos se producen cuando llegan a España, cuando están bajo la tutela del Estado y cuando son repatriados. Se ven agravados por la situación de hacinamiento que sufren durante su trayectoria migrante.
En cuanto al Defensor del Pueblo, insiste en que debería facilitarse la reagrupación familiar. A la luz de los demás informes, cobra especial sentido.
La Plataforma de Organizaciones por la Infancia, por su parte, dedica seis de 44 ámbitos de actuación a la infancia migrante. Además de cuestiones mencionadas en otros informes, se refiere a la necesaria lucha contra la segregación escolar en España y la infancia sin escolarizar en Melilla.
Cuarta fase: comparecencia de España
Cuando se abra la cuarta y última fase del procedimiento, España tendrá que comparecer y dialogar sobre las cuestiones abordadas por los informes. Luego, el Comité de los Derechos del Niño emitirá unas Observaciones Finales. Este documento servirá de base para que España lleve a cabo nuevas medidas para la infancia.
En cinco años, se abrirá un nuevo procedimiento durante el cual se repetirán de nuevo las fases aquí explicadas. Veremos entonces si se producen avances o cuáles son los nuevos retos para respetar los derechos de la infancia migrante.
Elisa Brey, Profesora en sociología, Universidad Complutense de Madrid
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
