Una activista por la regularización del cannabis de 76 años es juzgada en España
La causa judicial abierta contra Fernanda de la Figuera para quien la fiscalía pide cuatro años de cárcel por cultivar marihuana para una asociación con fines terapéuticos ha provocado indignación en España. Voces de la Universidad, las letras, el derecho y el movimiento asociativo han mostrado su rechazo al juicio contra la activista más veterana en defensa de la regularización del cannabis y piden el sobreseimiento, tanto por la edad de la procesada como por el delito que se le imputa y las penas que se piden.
El juicio tiene lugar este miércoles 30 de octubre en Málaga pero los hechos se remontan a 2014. En aquel año le fueron requisadas las plantas de su huerto con las que se abastecían con fines terapéuticos y medicinales más de un centenar de socias de una asociación de mujeres. Fernanda de la Figuera es un referente del autocultivo y el movimiento cannábico ya que fue la primera cultivadora legal en España y fue absuelta de un juicio en 1995.
Según recoge un artículo de Santiago Reviejo en el diario Público, representantes de diversos colectivos han criticado el proceso calificándolo de «despropósito». Así por ejemplo, Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español del Cannabis Medicinal y fundadora de la asociación de usuarios terapéuticos Dosemociones, ha calificado de «ridículo» que Fernanda de la Figuera sea juzgada por haber ayudado, sin ningún ánimo de lucro, a otras mujeres que necesitaban el cannabis para paliar los efectos de sus enfermedades.
También se ha manifestado la profesora de Derecho Penal y directora de la Cátedra Extraordinaria Drogas Siglo XXI de la Universidad Complutense de Madrid, Araceli Manjón-Cabeza, que ha tachado de «disparate» que se juzgue a Fernanda de la Figuera cuando en «España existen plantaciones legales de cannabis para uso medicinal manejadas por empresas que van destinadas al consumo legal en otros países». Por su parte Antonio Escotano, autor del libro Historia General de las Drogas, considera una «vergüenza y una hipocresía», el juicio e insiste en la necesidad de una regularización.
