Que irónico. Esperanza Aguirre presentará una ponencia en la Convención del PP de este fin de semana sobre «transparencia». Podrían haber elegido a Fabra o a Camps, que objetivamente tienen el mismo derecho pues siguen dentro del PP, pero es de suponer que alguien del partido todavía tiene sensibilidad para el sonrojo.

Tampoco Esperanza Aguirre puede defender el tema con mucha legitimidad, precisamente. Livia Castillo, la diputada socialista en la Asamblea madrileña lo sabe. Es responsable de vigilancia de los contratos y lleva que desde febrero de 2009 pidiendo, una vez al mes, los contratos menores relacionados con el caso Gürtel (más de 300, según Público.es, por los que se pagó más de 3 millones de euros entre 2004 y 2008). «No ha visto ni uno -dice Público-. Su grupo también solicitó las declaraciones de bienes de los imputados Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco y nunca se los entregaron. Al igual que tampoco se les hizo llegar copia de la de una de sus mayores hombres de confianza, Francisco Granados, cuando estalló el caso de los espías».

Transparencia y PP son conceptos, hoy por hoy, incompatibles. Que se lo digan si no a quienes buscan información y responsabilidades políticas en el caso Matas o en tantos otros casos de corrupción que estrangulan al partido popular por todas las Comunidades Autónomas. Unos ejemplos:

Caso Gurtel, el más amplio caso de corrupción investigado en España. En un gesto tan simbólico, como pasajero,  solo se llevó por delante en Valencia a Ricardo Costa. Afecta también a Madrid, Valencia y Castilla León.

Caso Fabra. La primera información la dió la Ser en dic. 2003. Lejos de lo que dice el PP el caso no ha sido archivado por los tribunales. Solo una parte lo ha sido y porque presuntamente han prescrito 4 delitos según la Audiencia de Castellón. Nadie dice, sin embargo, que no haya delitos. El resto del caso sigue abierto, especialmente la parte principal de la causa, que abrio la investigacion sobre cohecho y tráfico de influencias.

Caso Brugal en Valencia, unos supuestos sobornos que salpican al presidente de la Diputación de Alicante, el popular José Joaquín Ripoll.

El caso de espionaje al Ayto de Madrid. Sigue abierto lo de Ignacio González que presentó una denuncia para que se investigara quien pagó el espionaje. Está por ver ver quién y con qué dinero se pagaba.

El caso de Totana (Murcia). Salpicado un exalcalde, también parlamentario regional, por cohecho. Vamos, lo que se resume en recibir pasta de un constructor, presuntamente.

En Canarias, tampoco es menor el asunto de los parques eólicos aún pendiente de juicio. Es una trama donde presuntamente, siempre presuntamente, los implicados, pasaban informacion privilegiada de los lugares donde se iban a autorizar parques eólicos. Salpica, entre otros a Celso Perdomo, director general de Industria del Gobierno de Canarias entre el 2003 y el 2005. Fue imputado por los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y facilitar información privilegiada…

¿Habéis oido alguna vez al PP dar cuentas promenorizadamente sobre estos casos de corrupción? Pues eso. Pero claro siempre es mejor volver a Roldán, el Gal, maroto y el de la moto.