La falta de respuesta por parte del Estado español a quienes llevan décadas buscando a los llamados “bebés robados” y denunciando las desapariciones forzosas de niños y niñas es puesta de relieve por la ONG de defensa de los derechos humanos. Enfatizan que la impunidad y décadas de desatención acrecientan un sufrimiento psicológico que alcanza el umbral de la tortura y otros malos tratos para las víctimas y Amnistía insiste en que ahora el Parlamento tiene una oportunidad histórica de aprobar una Ley sobre bebés robados que permita la búsqueda e identificación de niños y niñas, y garantice verdad, justicia y reparación.

Durante más de 50 años, desde finales de la Guerra Civil hasta los 90, miles de personas pudieron ser objeto de desaparición forzada, o de sustracción y sustitución de sus identidades. Lo recuerda Amnistía Internacional en un informe en profundidad sobre los conocidos como «bebés robados» donde denuncia que ee vulneró, también, el derecho a la protección de la vida familiar, el derecho a la identidad, a la nacionalidad, al nombre, y a las relaciones familiares sin injerencias ilícitas.

Y pone de relieve que la respuesta por parte del Estado español ha ido desde la autoría o complicidad en los primeros años, hasta la actual atención desinteresada, inadecuada e insuficiente a los miles de procesos de búsqueda iniciados por personas que no conocen su identidad ni la de su familia biológica o por madres y padres, hermanos o hermanas, que desconocen la suerte y paradero de sus hijos o hijas, o familiares.

Las sustracciones ilegales denunciadas se habrían producido primero en cárceles, y luego en hospitales, maternidades, casas  cuna, centros de beneficencia, en algunos casos directamente gestionados por congregaciones religiosas, que carecían de una adecuada supervisión por parte del Estado. AI ha constatado cómo bebés llegaron a ser entregados a familias de México o Chile, siendo registrados como hijos e hijas biológicos.

Y se denuncia que el peso de los procesos de búsqueda sigue recayendo en las propias familias y en las personas en búsqueda de su identidad, que se encuentran con que no se les da acceso a información ni desde el Estado, ni desde la Iglesia (que archiva documentos relacionados con adopciones anteriores a la Ley de Adopción de 1987)

Por ello Esteban Beltrán, directo de Amnistía España asegura: “Esperamos que el Parlamento apruebe una Ley sobre bebés robados destinada a la búsqueda e identificación de niños y niñas; que el Ejecutivo garantice una asistencia integral, tanto jurídica como psicosocial para las víctimas y se reconozca públicamente el impacto que este tipo de violencia ha tenido específicamente contra las mujeres; y que desde tribunales y fiscalía se impulsen investigaciones exhaustivas e independientes para esclarecer los hechos».

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