El vertido de lodos tóxicos procedentes de la balsa minera de Aznalcóllar en 1998 fue un desastre ecológico que afectó al Parque Nacional de Doñana. La mina era operada por la empresa sueca Boliden y desde entonces se ha mantenido cerrada. Pero ahora, a pesar de que sigue pendiente el juicio contra la multinacional por la indemnización, la Junta de Andalucía ha asegurado que ve viable volver a abrir y poner en funcionamiento las instalaciones mineras. Cinco ONGs se oponen a la reapertura, pero el gobierno de Juanma Moreno asegura que en pocos meses estarán listos los permisos.

El desastre que provocó un vertido contaminante de Aznalcollar fue, por volumen, el mayor de Europa. La ruptura de la balsa de lodos tóxicos de mina el 25 de abril de 1998 afectó incluso al Parque Nacional de Doñana. Pero a pesar de que aún está pendiente de juicio contra Boliden, la multinacional que explotaba la mina cuando el desastre, el Gobierno andaluz ve «viable» volver a poner a funcionar las instalaciones, en contra del criterio de las cinco principales organizaciones ecologistas

No haber recibido aún indemnización por el desastre medioambiental de la mina de Aznalcóllar no impedirá que la Junta de Andalucía autorice la reapertura tras el proceso de permisos necesarios. El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, ha asegurado este 22 de noviembre que «es cuestión de pocos meses que seamos capaces de finalizar el proceso de permisos» necesarios para reabrir la mina sevillana.

Las instalaciones de Aznalcollar están cerradas desde 1998 y el juez ha fijado la vista oral del proceso de la Junta contra la multinacional Boliden por el desastre para 2023. La administración autonómica reclama 89 millones por la contaminación de 4.643 hectáreas a raíz del vertido fruto de la rotura de la balsa de residuos minero en el municipio sevillano. Pero el Gobierno andaluz no va a esperar a la resolución judicial y ya se ha mostrado seguro de que la vuelta a la actividad de este yacimiento es «viable» y la va a permitir en contra de la posición de organizaciones ecologistas.

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