En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha exigido al Gobierno que cumpla Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, ratificada por España hace más de diez años e incumplida desde el primer minuto.

El colectivo, que inició las exhumaciones científicas de fosas comunes de desaparecidos por la represión franquista en el año 2000, reclama el final de la inacción por parte de los poderes del Estado y el principio de las actuaciones a las que se ha comprometido ante la Organización de Naciones Unidas. Han registrada esta reclamación por conducto oficial al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con el siguiente texto:

«El Estado español ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, por lo que ha adquirido obligaciones contra los crímenes más graves que se pueden cometer contra un ser humano; una detención ilegal, seguida de torturas, del asesinato y de la ocultación del cadáver. En España existen todavía decenas de miles de personas asesinadas y desaparecidas por la represión de la dictadura franquista. A esos casos el Gobierno tiene obligación de aplicar «un concepto amplio de víctima –que puede extenderse a familiares de las personas desaparecidas– y se reconoce su derecho a: la justicia, a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada y el destino final de la persona desaparecida, a la reparación en sus múltiples dimensiones, y a recuperar los restos de las personas desaparecidas» (texto de Naciones Unidas).

En España existen todavía decenas de miles de personas asesinadas y desaparecidas por la represión de la dictadura franquista. La ARMH solicita:

Que se pongan inmediatamente los recursos para que las familias de las personas desaparecidas por la represión franquista ejerzan su «derecho a: la justicia, a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada y el destino final de la persona desaparecida, a la reparación en sus múltiples dimensiones, y a recuperar los restos de las personas desaparecidas». Esa obligación del Gobierno ya existe sin que sea necesaria la aprobación de ninguna ley de la memoria para ejercer desde los poderes del Estado las tareas que garanticen los derechos a las víctimas. En la Convención no se dice ni una vez la palabra «subvención» que es la principal política del Gobierno en materia de desaparición forzada y con ella no se garantiza ni la verdad, ni trabaja la justicia ni se indemniza a las familias. Han pasado muchos años y las actuaciones deben ser urgentes.»

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