La organización ecologista Greenpeace reconoce «grandes avances en la apuesta por la recuperación social y la reconstrucción verde con una inversión pública récord y un considerable aumento del gasto social» aunque tilda de «tibia» la fiscalidad verde incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, porque «solo representa el 5,8% de los ingresos del Estado».

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Para Greenpeace «el adelanto de los 27.000 millones de euros de los fondos de recuperación europeos nos sitúan ante una oportunidad única».

Entre las partidas presupuestarias que la organización valora positivamente se encuentra el hecho de que sean unos «presupuestos más sociales» con una «inversion pública récord y aumento de gasto social». Además, destacan la «gran apuesta por la movilidad sostenible», el impuesto al diésel, y la inversión contra la despoblación y la pobreza energética.

Destacan como novedad que estos PGE incluyen la creación de un programa para abordar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación que cuenta con una partida de 19,01 millones de euros. Para Greenpeace el mundo rural y su actividad productiva «constituyen también una oportunidad para luchar contra la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad». Señalan que la agricultura es una de las grandes asignaturas pendientes, pero «el dinero que aportarán los fondos europeos no es muy elevado ni van dirigidos a la necesaria transformación del sector».

Los puntos en los que más crítica se posiciona la organización se refieren a  las ayudas a industrias contaminantes porque «no se les exige condicionante ambiental», así como a la «disminución del 20% a la partida para Agricultura Ecológica». La organización se muestra preocupada por «algunas políticas de gasto para industria y energía, concretamente algunas ayudas encubiertas a través de compensaciones al sector industrial sin que se especifiquen condicionantes ambientales».

También señalan la distribución en la inversión en costas y critican que «el 96% se destine a paseos marítimos y arenas de playa», cuando, a su juicio, «la alternativa a la destrucción costera no pasa por estas soluciones sino por el mantenimiento de los recursos naturales, el fomento de un turismo sostenible de calidad y un modelo económico que pivote sobre el desarrollo local». Además, señalan que «no se destine al menos el 30% de los PGE al cambio climático y un 10% a biodiversidad».

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