En el año 2009 la empresa española Endesa pasó a ser del dominio casi absoluto de la italiana Enel. Sucedió después de importantes tensiones políticas en las que se pusieron en evidencia los intereses de los principales partidos. El PSOE había intentado que la compañía se quedara en manos españolas, en Cataluña, mientras que el PP, en pleno ataque de anticatalanismo, apostó por la venta al extranjero, concretamente a la alemana E-On:

«Espero que España no caiga en el nacionalismo económico cateto, y que las OPAS se resuelvan con criterios de competencia y no de nacionalidad» , llegó a decir el expresidente Aznar sobre el asunto

El gobierno defendía que había que apostar por crear un gran gigante nacional y no dejar que un espacio tan estratégico para un país como el de la energía, terminara en manos de un tercero, con intereses geoestratégicos propios. No pudo ser y tras diversas zancadillas terminó en manos italianas, también con la oposición del PP. No es momento de profundizar mucho más pero es por tanto, en estos momentos, una empresa extranjera, italiana, bajo el control de Berlusconi, pues un amplio porcentaje de la compañía Enel es propiedad del Ministerio de economía. El tiempo pasa y ahora hemos sabido que Aznar será asesor externo de la misma.

Conviene recordar esto porque uno puede criticar o no el derecho de los expresidentes del gobierno a trabajar para una compañía privada tras su retirada. Pero con lo que seguramente estaremos de acuerdo es con lo controvertido que resulta poner sus conocimientos, contactos y recursos -obtenidos gracias a su posición-, al servicio de compañías extranjeras que luchan contra nosotros en ámbitos estratégicos.

Porque Aznar ha sido fichado por Endesa para ayudar en su expansión por latinoamérica, defendiendo los intereses del estado italiano en mercados donde compiten empresas españolas que defienden intereses del estado español.

Y no es el único debate que emerge con este asunto. Por su trabajo dicen que recibirá la nada desdeñable cantidad de 200.000 euros anuales. Digo «dicen» porque nada les obliga a dar cuenta de la cifra real que podría estar cobrando el expresidente.

Una situación que nada tiene que ver en transparencia, por cierto, con el reciente fichaje de 126.500 euros brutos de Felipe González por su labor para el Consejo de Gas Natural: las retribuciones de esta empresa deben ser reportadas incluso a la CNMV.