En el año 2003 se inició el debate público sobre el peligro de la incipiente burbuja inmobiliaria.  Políticos como Rodrigo Rato, Luis de Guindos, e incluso Cristobal Montoro  negaban su existencia.

Un entonces desconocido economista llamado Miguel Sebastián alertaba desde las páginas del diario EL PAIS del peligro que suponía para la estabilidad del sistema financiero:

«…los precios pueden caer en algún momento del futuro, provocando un «efecto riqueza» negativo. La expectativa de dicha caída podría provocar una venta de viviendas, alimentando la espiral contraria. (…) el endeudamiento hipotecario ha alcanzado tal nivel que una caída de dichos precios podría afectar negativamente a la estabilidad del sistema financiero.

¿Qué se puede hacer frente a este fenómeno en un país en el que parece que ya hay exceso de ladrillo y no se puede prometer más construcción masiva? Lo primero, hablar de ello. Mencionar la burbuja puede frenar las expectativas de revalorización y, con ellas, la demanda. En España, el Gobierno ha mostrado irritación al oír hablar de la burbuja inmobiliaria, un tic antidemocrático que recuerda al del Gobierno chino, que de entrada negó el SARS y sólo pudo empezar a atajarlo con su reconocimiento público. En segundo lugar, evitar estímulos adicionales a la demanda como «las ayudas a la compra de vivienda», frecuentes en las campañas electorales…»

Miguel Sebastián. «El ladrillo y la burbuja» El Pais 22 de junio de 2003