¿Se puede perseguir por ley el transfuguismo?
El vídeo del debate completo puede verse en la web de TVE
«No hay una rección legal posible porque sería probablemente inconstitucional» pero ¿sería partidario el Ministro de justicia de modificar la ley para perseguirlo de forma contundente? La pregunta se la formulamos ayer durante el programa 59 segundos de TVE al Ministro Francisco Caamaño. Según sus propias palabras,
«no es cuestión de establecer un delito penal, ni una cuestión de esta naturaleza, porque iría en contra directamente de la Constitución». «Y es muy difícil alterar la Constitución en esto, porque lo que está en juego, detrás de este tema, es un modelo de democracia. Y la democracia representativa exige cierto equilibrio entre el papel del representante y el papel de los partidos».
«Por tanto, saltarnos este puente de garantía último que establece nuestra Constitución y en general todos los sistemas parlamentarios de Gobierno, y todos los sistemas democráticos, es desde el punto de vista jurídico constitucional tremendamente arriesgado y complejo, porque entonces bastaría con tener a dos líderes, y prácticamente podríamos cerrar todo el Parlamento y que uno, en función de los votos que tuviese, intentase hacer oposición», -afirmó.
El vídeo del debate completo puede verse en la web de TVE
El Ministro de Justicia respondió además a otras cuestiones. Ante las acusaciones que está haciendo el Partido Popular sobre un trato diferente de la Fiscalía ante asuntos judiciales que afectan a este partido, en comparación con el trato que se da cuando el asunto afecta al PSOE, Francisco Caamaño hizo hincapié en que el PP está «en una suerte de campaña, alentando la sospecha en torno al funcionamiento de nuestra Administración de Justicia».
Al titular de Justicia le parece preocupante «no porque sea una forma de hacer política, que es muy legítimo, sino porque detrás de esto se está cuestionando el trabajo que día a día hacen jueces, hacen fiscales, hacen la policía. Lo hacen desde la profesionaldidad, desde el rigor, y lo que más me preocupa es que eso genere cierto descrédito en una institución como es el poder judicial que nos hemos dado todos los españoles y que es fundamental para nuestra convivencia».
Respecto a las acusaciones de María Dolores de Cospedal afirmando este verano que el PP estaba siendo espiado, el titular de Justicia señaló que «si se tienen certezas», el PP lo tiene muy fácil: «Como cualquier otro ciudadano de este país, se va a los tribunales de Justicia, lo pone en conocimiento del juez».
Estatuto
Respecto a la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, en cuya tramitación participó, el titular de Justicia destacó que acatará, «como no puede ser de otro modo», lo que diga el Tribunal Constitucional, aunque recordó que el texto que refrendaron los ciudadanos catalanes fue un texto «aprobado en las Cortes generales por quienes representan a los ciudadanos del pueblo español».
«Pero, finalmente, quien tiene la última palabra, en nuestro estado democrático, en materia de apreciación o no de la constituciónalidad de la ley, es el Tribunal Constitucional» -concluyó.
