Campo de refugiados en Suruc, Turquía, en 2015.
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El planteamiento de la Unión Europea para gestionar los flujos migratorios depende en gran medida de la externalización del control fronterizo a países no miembros, sobre todo en la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA). Muchos políticos de extrema derecha apoyan con entusiasmo esta política. En concreto, 19 países firmaron hace poco una carta pidiendo ir “más allá del pacto migratorio de la UE” y externalizar aún más el control de la inmigración.
En teoría, esto tiene un doble enfoque: la UE envía dinero a los gobiernos de Oriente Medio y el norte de África para evitar el número de salidas de sus propias fronteras y mejorar las condiciones de vida dentro de ellas, disuadiendo así a la gente de marcharse en primer lugar.
Sin embargo, gran parte del dinero se destina a medidas violentas, incluso mortales, contra la migración que tienen lugar fuera de la jurisdicción de la UE.
Estas externalizadas violaciones de los derechos humanos contravienen los valores de la UE de libertad, justicia y dignidad. Asimismo, ponen en peligro su influencia como potencia global fundamentada en dichos valores.
En última instancia, esta estrategia socava la credibilidad y eficacia de la UE en la escena mundial, perjudicando su posición regional e internacional.
Tampoco logra reducir el número de llegadas irregulares ni abordar las causas profundas del problema. Sin embargo, sí ha puesto en peligro, arruinado y acabado con decenas de miles de vidas.
Según una investigación de 2023 encargada por la propia UE, cinco migrantes murieron al día intentando cruzar el Mediterráneo en el periodo de enero a junio de 2022, y se han registrado 29 734 personas desaparecidas desde 2014.
Una estrategia cara e ineficaz
El control de fronteras externalizado de Europa se remonta a principios de la década de 2000, pero cobró verdadero impulso durante la crisis migratoria de 2015. Desde entonces, se han enviado enormes sumas de dinero a los países vecinos con el pretexto de la “gestión de la migración”.
Esto incluye, principalmente, el Fondo de Asilo, Migración e Integración, que asciende a 9 900 millones de euros para el periodo de 2021 a 2027, un aumento significativo respecto a los 3 137 millones de euros asignados para el periodo 2014-2020.
También se han firmado acuerdos y asociaciones específicos. Entre ellos el Acuerdo UE-Turquía de 2016, un pacto de 6 000 millones de euros destinado a frenar la migración, pero que en la práctica aumenta la influencia de Turquía sobre la UE.
También se pagó un paquete de 210 millones de euros a Mauritania para frenar la inmigración, se han concedido 7 400 millones de euros a Egipto en financiación hasta 2027, y se prometieron 1 000 millones de euros en ayuda financiera a Líbano para el periodo 2024-2027.
A pesar de estos compromisos financieros, el número de entradas irregulares en la UE sigue aumentando. En noviembre de 2023, la Organización Internacional para las Migraciones había registrado un total de 264 000 entradas irregulares, un claro aumento con respecto a 2022 (190 000) y 2021 (150 000).
Crueldad y sufrimiento
Recientemente se han publicado informes sobre “vertederos en el desierto” en Mauritania, Marruecos y Túnez. Esta práctica consiste en conducir a los inmigrantes (incluidos niños y mujeres embarazadas) a zonas desérticas remotas y abandonarlos a su suerte.
Aunque Bruselas niega cualquier implicación, los artículos afirman que “dos fuentes de alto nivel de la UE dijeron que era ‘imposible’ rendir cuentas por completo por la forma en la que se utiliza finalmente la financiación europea”.
Al subcontratar regímenes autocráticos dispuestos a aplicar métodos tan crueles en lugar de abordar las causas profundas que impulsan la migración, la UE ha comprometido sus valores, fomentado divisiones internas y dañado su reputación. Esto socava la capacidad de la UE para defender principios como los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho, mermando su prestigio moral y su autonomía estratégica.
Un ejemplo de ello es la cooperación de la UE con Libia para frenar la inmigración a través del Mediterráneo. A pesar de los abusos de los derechos humanos bien documentados en los centros de detención de Libia –incluida la tortura, los trabajos forzados y la violencia sexual–, la UE ha proporcionado financiación y formación a la Guardia Costera de Libia para interceptar embarcaciones de migrantes y devolverlos a estas condiciones abusivas.
En los últimos años, han aparecido informes sobre graves abusos contra migrantes en Libia –entre ellos hombres vendidos en subastas de esclavos– que ponen de manifiesto la extrema crueldad a la que se enfrentan los migrantes atrapados allí.
Sin embargo, la UE ha mantenido su asociación, justificándola como una forma de salvar vidas en el mar mientras hace la vista gorda ante la pesadilla a la que se enfrentan los migrantes una vez devueltos a Libia.
Arma contra la migración
Confiar funciones clave de seguridad a regímenes inestables o autocráticos también deja a la UE en una posición vulnerable a las crisis políticas y a la manipulación de los flujos migratorios.
Durante la Primavera Árabe de 2011, por ejemplo, el asediado líder libio Muamar Gadafi amenazó con desatar una “avalancha” de migrantes hacia Europa si esta seguía apoyando a los manifestantes. Desde entonces, Turquía también ha adoptado una estrategia similar, a pesar de recibir 3 000 millones de euros adicionales al acuerdo migratorio de 2016. Fuera del Mediterráneo, Bielorrusia ha sido acusada de prácticas similares en su frontera con Polonia en represalia por las sanciones de la UE.
La financiación de la UE es, por tanto, fácilmente manipulable por los gobiernos que buscan ayuda financiera. La creencia de que el dinero por sí solo puede disuadir a la gente de abandonar sus países pasa por alto el hecho de que se necesitan cambios fundamentales dentro de esos países. Y una vez enviado el dinero, hay poco que impida a los gobiernos autoritarios utilizar los fondos para consolidar sus regímenes en lugar de aplicar reformas que beneficien a los ciudadanos.
El autosabotaje de la UE
Al comprometer sus valores, crear dependencias de potencias poco fiables y exponerse a riesgos, la UE disminuye su capacidad de actuar como líder fuerte y convincente en la escena internacional. Si la UE quiere mantener su credibilidad, defender sus principios y potenciar su influencia mundial, necesita adoptar un enfoque holístico de la gestión de la migración.
La idea de que unos acuerdos migratorios duros y externalizados pueden apaciguar o mantener a raya los sentimientos de extrema derecha también puede resultar ilusoria. Al contrario, estas medidas reactivas corren el riesgo de dañar aún más la credibilidad de la UE a ojos de sus propios ciudadanos y de la comunidad internacional. Esto, unido a una flagrante incapacidad para defender sus valores, es gasolina para los partidos de extrema derecha y sus aliados.
Para defender sus valores y mejorar su posición mundial, la UE necesita un enfoque más equilibrado y ejemplar de la gestión de la inmigración. Hay muchas formas de hacerlo: apoyando reformas democráticas significativas en los países de Oriente Medio y el Norte de África, reforzando la rendición de cuentas en la gestión de la inmigración y, sobre todo, abriendo rutas seguras para reducir la dependencia de los inmigrantes de las rutas irregulares y las redes de tráfico de personas.
La estrategia actual está fracasando en todos los aspectos. En vez de resolver el problema, supone un desperdicio de dinero. Un dinero que, si se aplicara correctamente, podría evitar la pérdida de vidas, mejorar el nivel de vida y la economía de los países de Oriente Medio y el norte de África y reducir los incentivos para abandonarlos.
Barah Mikaïl, Associate professor, IE University
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
