¿Debe ser una compañía la que tenga el poder de decisión para cerrar cuentas de personas en las redes sociales? ¿O debemos crear mecanismos en los que haya un marco de trabajo que les permita hacerlo ajustándose a la ley? , con estas preguntas abrió el debate el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. Para quien debe haber un marco de trabajo legal que rija las operaciones de las redes sociales. «Me preocupa el poder que ya tienen», dijo.

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Cuando se le pidió su opinión sobre la decisión de Twitter de cerrar la cuenta del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, Guterres respondió cuestionando el poder de las empresas digitales: «Mi respuesta clara es la segunda opción. Es decir, no creo que podamos vivir en un mundo donde se dé demasiado poder a un número reducido de empresas. Y debo decir que estoy especialmente preocupado por el poder que ya tienen».

Sin embargo, este no es un debate nuevo. A mediados de enero el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre la suspensión de la cuenta de Trump  dijo que «no puede haber ningún organismo particular que se convierta en órgano de censura» y que «si existe regulación corresponde a los estados». De hecho, anunció que  llevaría el asunto a la primera reunión del G20.

Para Barack Obama «en esta era en la que no hay solo tres cadenas con las que se informa todo el mundo, sino un millón (…) los que controlan esas plataformas van a tener que desarrollar una serie de normas nuevas», dijo en una entrevista en RTVE. Pero, «¿cómo se hace de manera compatible con la libertad de expresión?», ese, dijo, «va a ser un reto». «Pero tenemos que desarrollar nuevas normas y prácticas internas de las compañías»- insistió.

Guterres también alertó del volumen de información de cada persona recopilado por las redes sociales, y advirtió que esos datos no sólo pueden usarse con propósitos comerciales, sino que pueden llegar a cambiar el comportamiento de la gente. Además señaló que existe  el riesgo de que se usen «desde el punto de vista político para el control de los ciudadanos en los países».

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