El Constitucional debe decidir si los juzgados españoles investigan los crímenes del franquismo
Durante años, las querellas presentadas por familiares víctimas y familiares de la dictadura han sido sobreseídas por los tribunales provinciales y los recursos de amparo desestimados por el Tribunal Constitucional. Pero ahora más de veinte grupos de damnificados llevan meses y en algunos casos años esperando a que el TC decida si admite sus recursos a trámite o no. Y una decena de ellos han solicitado al alto tribunal que desencalle la tramitación en un momento en el que han surgido grietas en el criterio hasta ahora monolítico y cierta división en la judicatura con respecto al veto sistemático a investigar los crímenes del franquismo en España.
La decisión que tienen que tomar los magistrados del TC sobre la petición de una decena de grupos de víctimas y que detalla un artículo de Eduardo Bayona en Publico.es puede tener un alto significado. Hasta ahora todos los recursos de amparo presentados ante el alto tribunal se despachaban con la argumentación jurídica de que no se apreciaba en el asunto «especial trascendencia constitucional».
Pero ahora que más de 20 grupos de víctimas llevan esperando hasta dos años a que el TC decida sobre sus recursos, piden que se active esos procedimientos y que «en su día, previo emplazamiento del ministerio fiscal y los trámites oportunos, dicte sentencia en la que anule las resoluciones recurridas y otorgue el amparo solicitado».
Y lo hacen en un momento en el que comienzan a abrirse grietas en el monolítico criterio favorable al sobreseimiento de ese tipo de pesquisas que venía dándose en la judicatura española. En concreto, en los recursos de amparo presentados por Gerardo Iglesias, primer coordinador general de IU, y otros dos históricos militantes asturianos del PCE, Vicente Gutiérrez Solís y Faustino Sánchez García, ha habido divergencias en los criterios de los magistrados del Constitucional cuando tres de ellos propusieron admitirlos a trámite.
De haberlo hecho, el tribunal tendría que haberse pronunciado en una sentencia sobre el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas del franquismo en el actual régimen constitucional. Pero aunque la propuesta no salió adelante, al apoyar los otros ocho magistrados la tesis contraria, los abogados y activistas de la memoria ponen de relieve que empiezan a verse en la justicia, tanto en el TC, como también en algunas audiencias provinciales, votos discordantes con la posición monolítica de vetas sistemáticamente las querellas sobre crímenes del franquismo en España. Y se destaca como un «avance».
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