Acabo de recibir un mail de la familia Couso. Denuncian, con justificado enfado, las trabas, las mentiras y los argumentos con los que el Ministerio de Justicia está intentado asustar a la comisión judicial que se desplazará la próxima semana a Iraq para reconstruir el homicidio de Couso. Ayer se filtró a la prensa un oficio en el que se les «advertía» de los supuestos problemas de seguridad que acarrearía tal viaje.

El gobierno sabía desde verano que la comisión judicial iba a desplazarse a la zona por lo que el argumento de que no han tenido tiempo suficiente para preparar la seguridad del mismo es simplemente ridículo.

El asunto es lamentable, pues más allá de un viaje judicial -y eso ya sería suficientemente relevante- se trata de un viaje con una profunda carga psicológica para la familia y los testigos que acudirán al lugar de los hechos. Lejos de mostrar sensibilidad humana ante el asunto, el gobierno ha preferido incumplir uno de sus compromisos, y ceder ante las presiones de los EE.UU.

Públicamente, Francisco Caamaño, el Ministro de Justicia, se había comprometido a facilitar la investigación de Pedráz sobre la muerte de Couso. Pero a la vista está que hace exactamente lo contrario. El gobierno, desde luego, se está luciendo con este tema.

«En referencia al Oficio que la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia remite el 12 de enero al Juzgado de Instrucción Nº 1, la familia Couso quiere manifestar lo siguiente:

-La Comisión judicial está compuesta por nueve personas (Juez, Secretario, cuatro testigos y tres abogados) y no por 17 o 18 personas como indica el escrito de la Dirección General.

-El Ministerio de Justicia conocía desde hace tiempo la existencia de este plan de viaje. Por tanto el gobierno ha tenido tiempo más que suficiente para preparar las medidas de seguridad del mismo. Sin embargo, envía una advertencia -cuando queda tan solo una semana para la realización del viaje- afirmando que no hay medios suficientes de seguridad.

Esta afirmación supone una dejación de funciones, el abandono de una responsabilidad obligada y un grave intento de intimidar a los integrantes de la comisión judicial para que, por miedo, no lleven a cabo su cometido constitucional. ¿Envía las mismas advertencias el Ministerio cuando algún ministro se desplaza a Afganistán junto a decenas de periodistas? ¿Por qué en ese caso sí hay medios para la seguridad y en éste no?

-Los letrados de la familia y de la acusación solicitaron al Ministerio de Asuntos Exteriores una AUTORIZACI�?N DIPLOMÁTICA EN MISI�?N que no ha sido en ningún momento contestada y que evidencia que el impedimento no procede de Irak, sino del gobierno español. El ejecutivo español no está cooperando con la Justicia como le obliga la separación de poderes, la sentencia del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, los cuales han autorizado la formación de esta comisión judicial.

-Nuestros letrados son españoles, forman parte de una comisión judicial junto a testigos y letrados y han sido citados por un Juez español. Por lo tanto: EL GOBIERNO ESPA�?OL TIENE QUE BRINDARLES PROTECCI�?N. Es su responsabilidad. Del mismo modo, debe entregar a la comisión la AUTORIZACI�?N DIPLOMATICA EN MISI�?N.

-Resulta esperpéntico e insultante el comentario sobre la niebla realizado en el Oficio. No queda claro si pretende indicar que, al haber niebla, la inseguridad y el riesgo es mayor o si intenta convencer de que, por haber niebla a primera hora de la mañana, es ya imposible realizar una inspección ocular y una reconstrucción de los hechos. Si no fuese por lo grave de tal afirmación, debería ser incorporado de inmediato a los chistes populares.

Finalmente, y viendo los intentos de seguir torpedeando el normal desarrollo de una instrucción judicial, esperamos ver en el futuro nuevos cables diplomáticos que nos ilustren sobre estas indignas dejaciones.

Las novedades incorporadas a la investigación – el testimonio de la sargento Adrianne Kein o las declaraciones esta misma semana de nuevos testigos (periodistas de las relevisiones Abu Dhabi y Al Jazeera desplazados a España para declarar) que corroboran que no había elemento alguno que justificara el ataque contra los periodistas- muestran la necesidad de seguir adelante con este proceso en busca de Justicia para José Couso».