La empresa pública española Defex acusada de pagar sobornos en Arabia Saudí para vender armas
En lo que podría ser una de las mayores redes de corrupción estatal en España, la Fiscalía Anticorrupción ha acusado a Defex de haber pagado mordidas a cargos y autoridades de Arabia Suadí entre 2005 y 2014 a cambio de contratos de venta de armamentos. Hay ocho personas físicas, entre ellas el ex presidente de Defex José Ignacio Encinas, y cuatro jurídicas acusadas de organización criminal, blanqueo, malversación y corrupción en las transacciones internacionales.
Arabia Saudí es uno de los grandes clientes de España, sobre todo en ámbitos como infraestructuras y material de defensa. Pero según una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, en algunas de las operaciones comerciales se habría recurrido a «practicas oscuras» y comisiones. En concreto se han descubierto 11 contratatos de venta de armamento por parte de Defex en los que se pagaron sobornos a funcionarios saudíes entre los años 2005 y 2014.
Defex nació en 1972 como una empresa semipública dedicada a la exportación de armas y lleva desde 1990 vendiendo material a Arabia Saudí. Pero por motivos de prescripción de delitos sólo se están investigando sus acciones de los últimos nueve años. La empresa fue disuelta en 2017 por el escándalo de las comisiones en contratos militares, pero ahora se conocen los detalles.
El Ministerio Público describe en su escrito de acusación, del que se hace eco un artículo de Pedro Águeda en ElDiario.es, cómo Defex obtenía los contratos a través de mordidas y comisiones al aprovecharse de «la absoluta falta de mecanismos y procedimientos de prevención de delito que tenía la empresa pública». También detallan cómo la trama recurrió a empresas privadas pantalla, y en este sentido se señala al empresario Álvaro Cervera Pérez, y al agregado militar en la Embajada de Arabia Saudí en España entre 2005 y 2014, Al Shamuary.
Según el diario El Mundo, los pagos para estos sobornos pudieron alcanzar los 100 millones de euros. Entre los acusados está su presidente hasta 2013, José Ignacio Encinas Charro, otros dos altos cargos, Ángel María Laurmbe Burgui, Manuel Iglesias-Sarria, y Fernando Aguilar Viyuela, que presidió la compañía desde 2013 hasta su disolución. Para ellos se piden penas de hasta 29 años de cárcel por varios delitos de corrupción. La Audiencia Nacional también investiga la actividad de Defex en Angola, Camerún, Egipto y Brasil.
