Demandas judiciales, la estrategia de empresas contaminantes para “silenciar” a activistas

Es el caso de Manuel, el agricultor gallego que, tras denunciar la contaminación de una empresa ganadera, ahora se enfrenta a una demanda judicial por parte de dicha corporación. Greenpeace pone el foco en su caso como víctima de una Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). Un tipo de demandas que, según explica Juan López Uralde en La Cafetera de radiocable.com, funcionan como demandas judiciales intimidatorias que utilizan las grandes corporaciones «para tratar de frenar movimientos sociales o de protesta».

El caso concreto de Manuel, agricultor de la comarca de Limia, es el de una denuncia de la empresa Coren, «que se deshace de los residuos de sus granjas ganaderas vertiéndolos en el medio ambiente»- cuenta Uralde. En consecuencia, la corporación, para frenar esa denuncia, han presentado una demanda contra Manuel cuando, «lo que realmente están haciendo y lo que denuncia Greenpeace es tratar de silenciar la denuncia de esa contaminación del medio ambiente que están causando con su ganadería intensiva» (minuto 59:15).

Fuente: Greenpeace

El procedimiento consiste en «actuar contra personas destacadas de movimiento sociales que pueden perjudicar sus intereses y actúan legalmente contra ellos». De hecho, la organización ecologista señala ue las víctimas más habituales de estas demandas son activistas, periodistas independientes o investigadores, «que desempeñan una función de vigilancia imprescindible en los sistemas democráticos».

Según explica Greenpeace, el término SLAPP tiene sus raíces en Estados Unidos, donde en las últimas décadas este ha resultado ser «un fenómeno realmente preocupante para la libertad de expresión, tanto que actualmente algunos estados han implementado legislación para evitar este tipo de demandas». Como ha ocurrido también en Canadá y en Australia.

Esta práctica de acoso judicial «está cada vez más extendida en Europa, donde no existe ninguna legislación a día de hoy que las regule», apunta Greenpeace. Y pone el ejemplo de Italia, donde solo en 2017 se presentaron más de 9.000 demandas penales contra periodistas. Y en Portugal, Celtejo, una empresa explotadora de eucalipto, demanda al activista medioambiental Arlindo Marquês por publicar vídeos en redes sociales evidenciando su relación con la contaminación del río Tajo.

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