Desclasifican las llamadas teléfonicas de Kissinger sobre el golpe de Pinochet
Un día antes de que se cumpliera el 35 aniversario del Golpe de Estado en Chile, el Archivo de Seguridad Nacional acaba de hacer públicas las transcripciones de las conversaciones telefónicas que mantuvo sobre este tema Henry Kissinger con Nixon y otros alto cargos. El material desclasificados permite profundizar en una cuestión recurrente: ¿Hasta qué punto estuvo EEUU involucrado en el golpe contra Salvador Allende?
(Foto: Flickr/Pingnew.com)
El ex jefe de la Policía secreta chilena reconoció hace unos meses que la CIA ayudó a coordinar algunos asesinatos, pero las conversaciones desclasificadas sirven para demostrar cómo desde el momento de la victoria de Allende, EEUU maniobró en contra suya. El propio Kissinger llega a afirmar que «no dejará que Chile se eche a perder».
En la transcripción de las cintas también hay una conversación con el secretario de Estado, William Rogers, que manifiesta que Washington debería «tomar una decisión a sangre fría y ejecutarla discretamente, para que no salga el tiro por la culata». Richard Nixon también participa en las charlas y cuando Kissinger le informa de que los funcionarios del Departamento de Estado van a intentar trabajar con Allende, el presidente responde: «No dejes que lo hagan».
Resulta especialmente llamativa la reacción de Nixon y Kissinger poco después del triunfo del golpe de Pinochet. El president pregunta por la «mano de EEUU» y su consejero admite la ayuda prestada y como «crearon las mejores condiciones posibles?. Luego lamentan las críticas recibidas por parte de la prensa liberal y Kissinger apostilla «En la época de Eisenhower, seríamos heroes».
Henry Kissinger empezó a grabar todas sus conversaciones telefónica en 1969 después de ser nombrado Consejero de Seguridad Nacional. Su secretaria transcribió las cintas que luego fueron destruidas. Cuando Kissinger dejo la Casa Blanca en 1977 se llevó 30.000 papeles -incluyendo las transcripciones- asegurando que eran personales.
En 1999, el Archivo de Seguridad Nacional, una organización privada sin ánimo de lucro, inició un procedimiento legal para conseguir que el ex consejero devolviera esos documentos al Gobierno y hacerlos públicos.
