El 14 de abril de 2010 se presentaron en Buenos Aires varias denuncias para pedir en Buenos Aires la investigación al régimen de Franco por «genocidio» y crímenes contra la humanidad. Los demandantes apelaron al principio de jurisdicción universal. Diez años después, el proceso sigue vivo y sumando denuncias y nuevos testimonios, convertido en el único proceso judicial abierto en el mundo contra el franquismo.

Darío Rivas, hijo de un asesinado por el franquismo en Galicia, fue, según recuerda un artículo de Juan Miguel Baquero en Eldiario.es, el primer querellante. Le acompañaba en aquel 14 de abril, Inés García Holgado y una decena de asociaciones. Y la querella que presentaron en Argentina, a 11.000 km de donde tuvieron lugar los hechos y apelando al principio de jurisdicción universal, se convirtió en la primera causa abierta para juzgar los crímenes de la dictadura española.

Desde entonces, la justicia argentina y más concretamente la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 1, María Servini de Cubría, investiga las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en España entre 1936 y 1977. Hoy en el sumario hay varios centenares de querellas por desaparecidos en fosas comunes, bebés robados, presos esclavos, etc. Además se ha señalado, con nombre y apellidos, a alguno de los presuntos criminales, como los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina o del policía franquista Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, acusado de torturador.

Los denunciantes recurrieron a la justicia argentina ante la falta de avances en España. Y diez años después de la primera querella, las autoridades españolas siguen sin colaborar con la investigación. Algunos incluso consideran que esta ha sido boicoteada y numerosas peticiones de la jueza Servini -que de hecho tenía previsto acudir este mes de marzo a España para tomar declaraciones a varios testigos- han sido denegadas.

Pese a todo, y segun resalta Emilio Silva, presidente de la ARMH, la querella argentina ha supuesto «un hito que ha permitido visibilizar a las víctimas, señalar a algunos de los verdugos y dar un tratamiento penal en sede judicial a las violaciones de Derechos Humanos de la dictadura franquista». Y además ha dado esperanza a las víctimas, algo que resume así Alejandro Lerena, abogado en la causa: «En el oscuro manto de impunidad que cubre España, hace diez años se abrió una pequeña grieta que poco a poco se va agrandando y dejando pasar, tras 40 años de oscuridad, un poco de esa luz que es la justicia».

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