El 94% de los directivos españoles ve factible que su empresa recurra a la corrupción
Casi tres de cada diez directivos de españoles justifican los regalos para conseguir un negocio y un 94% ve factible que su empresa utilice atajos para conseguir sus objetivos frente al 56% de la media europea. Son datos del estudio «Global Fraud Survey 2012″ de Ernst & Young que evalúa cómo han hecho frente las empresas al aumento del riesgo de fraude y corrupción durante la crisis. (Foto: Flickr/Usermn)
La consultora realizó 1.758 entrevistas entre los directivos de empresas de 43 países entre noviembre del pasado año y febrero. Y los datos sobre España han sido calificados de «hecho preocupante» por Ernst & Young que añade «la intensidad de la crisis sigue siendo para algunos directivos la coartada perfecta para justificar conductas poco éticas en el mundo de los negocios.»
La encuesta revela que un 34% de los directivos españoles considera «habituales» las prácticas corruptas dentro del país, frente al 22% de la media de Europa. Aunque la aprobación del soborno en metálico ha bajado del 18% al 12%, si ha repuntado en otras vías de conseguir favores. En concreto, el uso de regalos relacionados con el ocio y el entretenimiento, como entradas de fútbol, que ha subido del 16% al 26% y el visto bueno al uso de regalos personales se ha disparado del 2% al 12%.
Además, Ernst & Young constata que las empresas de todo el mundo, incluidas las españolas, han encontrado en los mercados emergentes la alternativa para impulsar sus ingresos. Sin embargo, sólo el 46% de los españoles consultados en el informe reconoce que esta expansión conlleva también una serie de riesgos relacionados con el fraude y la corrupción, por debajo del 61% registrado de media en Europa Occidental.
Una de las principales amenazas es la relativa a la responsabilidad de la empresa ante la implicación de terceras partes que puedan actuar en su nombre como, por ejemplo, los agentes comerciales contratados para abrir negocio en nuevos mercados. En este sentido, el 26% de los españoles no considera que ello les genere problemas ya que no entraría dentro de su responsabilidad el delito que pueda cometer un intermediario.
