El 44% de aguas subterráneas está en mal estado y de ellas depende el 30% de la sociedad
Greenpeace advierte de «la grave situación de nuestras reservas de agua subterránea» y alerta del mal estado del 44% de las aguas subterráneas de las que depende el abastecimiento del 30% de la sociedad española. Frente a esta situación, la organización ha pedido a las Confederaciones Hidrográficas y a los gobiernos que tomen cartas en el asunto.
MUY GRAVE
¡Han destrozado 140.000 km2 de acuíferos!
Imagina una masa de agua mayor que toda Grecia.
Imagina que está en mal estado: sobreexplotación, contaminación…
¡Esto es lo que gobiernos y empresas han perpetrado bajo tus pies!
RT #SalvarElAguahttps://t.co/nnsx8ogbUk— Greenpeace España (@greenpeace_esp) October 5, 2022
La escasez y mala calidad de agua son las dos alertas sobre las que ha puesto el foco la organización ecologista. Señalando que el 27% de las masas de agua subterránea en España «se declara en mal estado cuantitativo», es decir: «Se extrae más agua de la que es capaz de reponer el ciclo natural». Además, el 30% está en mal estado químico -se ha alcanzado un nivel de contaminación por encima de los niveles máximos para la salud humana-. Y, el 14% se declara en mal estado cuantitativo y químico.
Han recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea «ya ha dictado sentencia contra España por no proteger Doñana de las extracciones ilegales de aguas subterráneas para regadío y las destinadas a abastecimiento del complejo turístico de Matalascañas». Y, «las intenciones de la Junta de Andalucía de ampliar la regularización de regadíos del entorno de Doñana provocó el envío de una carta de Bruselas advirtiendo que lo que ha sido un proceso sin sanciones puede pasar a una denuncia ante el TJUE que sí las exija».
Además, señalan la «falta de control» en España, que «no mide como debiera el agua de sus acuíferos», y un «estado peor» de las aguas. España no mide como debiera el agua de sus acuíferos. Denuncian «la histórica permisividad con el regadío ilegal, que queda en la mayoría de los casos fuera de todo control». Y, aseguran: «Los tribunales no han ayudado. Se acumulan las sentencias en favor de que no se controlen los pozos para uso privativo abiertos al amparo de la Ley de Aguas».
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