El aborto en España, un derecho que no siempre está garantizado
Aunque en España el aborto es un derecho reconocido, no siempre está garantizado. Como recordaba The New York Times, en cinco de las 17 comunidades autónomas, ningún hospital público ofrece abortos, según las estadísticas del gobierno. En este contexto, desde el Gobierno vienen anunciando desde hace semanas la reforma de la ley del aborto, que arranca este martes, coincidiendo con el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro.
Desde el ministerio subrayan los «obstáculos que han dificultado el ejercicio efectivo y pleno del conjunto de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos en la norma». Citan el informe sobre interrupción voluntaria del embarazo del Ministerio de Sanidad de 2019, según el cual, el 87,14 % de las interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) se realizaron en entornos extrahospitalarios. Y, el 79,02 % fueron en centros privados.
Además, señalan «las situaciones de acoso que se vienen sucediendo en las clínicas» en las que se realizan interrupciones voluntarias del embarazo y que «ponen en riesgo la integridad física y moral tanto de las mujeres que acuden a ejercer su derecho, como de las y los profesionales que lo garantizan».
Frente a esta situación, la reforma pretende impulsar «medidas que garanticen la equidad territorial, la accesibilidad, así como la eliminación de la estigmatización y el acoso, el conocimiento informado de las técnicas existentes para la IVE y de los distintos protocolos y circuitos que existen en las Comunidades Autónomas para acceder a esta prestación». Además de la formación de profesionales sanitarios, potenciar la investigación y los estudios, y «fomentar buenas prácticas que, desde la diversidad y el enfoque feminista, promocionen los buenos tratos y las relaciones respetuosas e igualitarias».
También hacen alusión a la derogación de la reforma de 2015 del PP, por la que las mujeres de 16 y 17 años pueden abortar solamente si tienen el consentimiento de sus progenitores. Lo que, afirman,»restringe la capacidad de decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres de 16 y 17 años, limitando lo establecido para otro tipo de prestaciones sanitarias en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente». Para el ministerio de Igualdad, «atender este problema es uno de los aspectos centrales a los que pretende dar respuesta la modificación de la norma».
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