El problema, I. Los jueces.

Los jueces no establecen las leyes, eso lo hacen los legisladores. Los jueces las ejecutan. El sentido de «ejecución» es el mismo en el que, por ejemplo, los empresarios lo hacen con un servicio, o los médicos con una enfermedad.

Sin embargo, la responsabilidad que tiene, o a la que se somente el juez no tiene el mismo sentido que en otras profesiones, porque la ejecución del objeto de su responsabilidad (la ley) la hace en nombre del Estado. Obviamente, esto corrompe el alma del Juez, pues le hace irresponsable. La solución a este inmenso problema no es ni muy innovadora, ni glamurosa. Es simplemente obvia.

Los jueces, como todo ejecutor, necesitan para Administrar (para «poner en valor») su responsabilidad, de Gestores.  Cuya misión no es otra que, primero, establecer los objetivos a cumplir, negociandolos con los profesionales y, lo que es más importante, ejecutar las consecuencias del cumplimiento o no cumplimiento de los objetivos pactados; y segundo, establecer los recursos, los medios, los procesos y las coordinaciones para lograrlos y mejorarlos.

Uno de los problemas para tan obvia solución es que se sobreentiende que los Gestores de los jueces deben ser otros jueces, y la naturaleza de su actividad ontológicamente desvirtúa la correcta gestión de su trabajo, e históricamente no están entrenados en ella. 

Aún sin embargo, el propio Consejo General del Poder Judicial en recientes declaraciones oficiales se niega esta función, dejándose solamente la garantía de independencia como misión del �?rgano constitucional, y señalando al Ministerio de Justicia y a las CC.AA. transferidas; quienes a su vez, bien por temor a meterse en un «jardín», bien por incompetencia, tampoco cogen al «toro por los cuernos».

Esto ocurre, al margen de por la obvia reticencia que genera retroalimentación de la corrupción moral antes mencionada a someterse al control de nadie, porque se entiende falazmente que la existencia de Gestores como la necesidad de administrar cuentas económicas, y no como la preocupación por prestar un servicio con excelencia, que en el caso de los jueces consiste en la administración de Justicia.

Ni más, ni menos.