Según informó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la jueza de Castropol trató de impedir la exhumación en la fosa de A Fonsagrada, donde nueve personas permanecían enterradas. La Asociación se había dirigido al juzgado para comunicar el inicio de las exhumaciones y allí se intentó detener su trabajo. De la noticia, aunque pasó desapercibida, se hicieron eco diversos medios de comunicación:

 «…De las 90 fosas de la Guerra Civil abiertas desde 2000 por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), nunca un juez intentó paralizar sus trabajos. Pero a menos de 24 horas para que el equipo de arqueólogos iniciase su campaña de exhumaciones este verano en Galicia, la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Castropol (Asturias) les ha exigido «no hacer ninguna prospección ni exhumación» y les emplazó a presentar una instancia para que ella la estudiase….» [sigue]

Pese a la exigencia verbal de la Juez, los trabajos continuaron pues tanto las familias como el propietario del terreno lo habían autorizado. Ahora, después de la polvareda, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha tenido que emitir una nota matizando las palabras del juzgado de Instrucción número1. Según el alto Tribunal «no hubo ni hay» tal prohibición:

«La Juez únicamente informó de que una petición en tal sentido debía presentarse con una relación de los hechos precisos para examinar la competencia judicial y adoptar la decisión oportuna»

Es momento, pues, de preguntarse quién es esa juez y que la llevó a pronunciarse de aquella forma tan poco democrática.

NOTA. Por error, el titular de esta noticia mencionaba al Tribunal Superior de Justicia de Galicia en vez de referirse al Tribunal Superior de Justicia de Asturias.