Emilio Silva: «Lo que Felipe VI llama ‘rencor’ y ‘reabrir heridas’ es el deseo de miles de enterrar a sus seres queridos»

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, fue entrevistado en La Cafetera de radiocable.com, donde explicó la queja interpuesta ante el Defensor del Pueblo por el discurso de Navidad del rey Felipe VI, quien pidió «una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas». Un argumento que, dijo: «Nos chocó mucho que saliese de la boca de un Jefe del Estado de un país donde hay miles de desaparecidos». «Porque eso que llama rencor y reabrir heridas es el deseo de miles de ciudadanos españoles de enterrar a sus seres queridos».

Emilio Silva (entrevista a partir del minuto 13:30; duración 11:06) insistió en que «no podemos vivir en la ficción de que la Transición fue un periodo en el que esto se reconcilió porque lo que hizo fue dejar a miles de personas en las cunetas porque nadie las estaría buscando».

Y, desde la ARMH le van a enviar al rey Felipe VI «los informes de Naciones Unidas y los informes de una de nuestras exhumaciones para que, si no lo conoce, conozca la realidad y sepa lo que se le está exigiendo al Estado español», explicó el propio Emilio Silva.

«Es incomprensible que una declaración en un día como ese esté reprochando a esas personas el ejercicio de un derecho», señaló Emilio Silva. Ya que, defendió: «Un Jefe del Estado tiene que representar a toda la ciudadanía y no puede tomar partido por un sector político». Y porque, entre los papeles de la monarquía «está el de cierta equidistancia, y su sueldo lo pagan gente que no quiere una monarquía y gente que sí la quiere».

De hecho, así lo hizo el Rey Juan Carlos cuando reinaba, quien «pasó de puntillas siempre sobre estos temas, quizá porque el origen de su reinado entroncaba con la dictadura». Pero lo que es «incomprensible» para Emilio Silva es que «este Jefe del Estado, mucho más joven, que no viene de allí, haya pisado este charco».

A raíz de las palabras del monarca, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que preside Silva buscó  «de alguna manera un factor corrector en el defensor del pueblo» que «era la institución que podía elevar esa queja». Todo ello sabiendo, que «uno de los informes de la ONU recomienda al gobierno Español que la elección del Defensor del Pueblo sea mas transparente y que en ella participe la sociedad civil porque se hace con un evidente interés político que tiene la posibilidad de nombrarlo».

También solicitarán al Defensor del Pueblo que emita un informe sobre las víctimas de la dictadura franquista, porque han «visto que han hecho un informe de víctimas del terrorismo». Y «porque la ONU señala que un estado democrático no puede discriminar  a unas víctimas y aquí hay víctimas de primera y de segunda, y eso no puede pasar en un estado democrático».

Emilio Silvia recordó cómo «en los últimos meses estamos viendo todas las resistencias que hay a tener un callejero democrático y no un callejero que conserve a quienes edificaron una sangrienta dictadura durante 40 años». Algo que según Silva «debe verse como algo democrático», porque «es incomprensible que la Jefatura de Estado del segundo país con el mayor número de desaparecidos del mundo no pueda ser asimilado».

Este tipo de reticencias, como las que se interponen a renombrar las calles con actuales nombres franquistas, tienen que ver con que «hay mucho franquismo sociológico, urbanístico, académico y cultural que todavía existe».

Emilio Silva animó a aquellos que piden ‘no reabrir heridas’ a «que se pongan en el lugar de cualquier familiar que tiene un padre, tío, abuelo o hermano desaparecido y que su deseo sea ponerlo dignamente en el sitio que considere oportuno». Y, así, «tener la posibilidad de cerrar un duelo, porque el delito de desaparición es extender el sufrimiento al entorno social y también en el tiempo porque esa angustia permanece».

El también familiar de un desaparecido, Emilio Silva, destacó que cuando acaba el acto público, tras la exhumación, en el que les devuelven a sus familiares «muchos de ellos se acercan a los voluntarios que realizan las exhumaciones y les repiten la frase ‘ya me puedo morir tranquilo‘».

Uno de los problemas es que «existe una incultura en derechos humanos en España», dijo Silva. «En 2014 dos grupos del alto comisionado de la ONU para los DDHH hicieron sendos informes sobre el estado del abandono de las víctimas de la dictadura y entre sus conclusiones marcaban un montón de obligaciones que le corresponden a instituciones españolas».