En España, los castigos ambientales no se cumplen

Ganar un juicio por un delito ecológico en España sirve de poco: hay decenas de sentencias firmes que siguen sin cumplirse tras décadas de litigio, según revela el diario Público. Y las administraciones son las primeras incumplidoras y las que amparan las situaciones de ilegalidad.Los juzgados han fallado a favor del medio ambiente en casos como minas en espacios protegidos, construcciones ilegales, ríos devastados por empresas hidroeléctricas… pero luego no se ejecutan las sentencias, aunque sean firmes.

Todo esto cuando se cumplen 10 años del desastre de la mina de Aznalcollar. El CSIC ha editado un video recordando el vertido y los científicos y ecologistas coinciden en que pese a la gravedad de lo ocurrido, no se ha aprendido la lección. Por no hablar de que Boliden, la empresa responsable de la catastrofe sigue sin desembolsar un euro por el daño.

La falta de sensibilidad política en materia ambiental se materialza también en casos como las sentencias que no se ejecutan. En Cantabria, por ejemplo la ONG ARCA lleva desde el año 2000 intentado que se cumpla una condena firme contra una urbanización ilegal… sin éxito. Generalmente esto se debe a la política de los hechos consumados: si el daño está ya hecho y no se va a poder reparar, se prefiere no actuar.

Aunque parece que sí hay algo que hacer reaccionar a los responsables de actuar en estos casos: el miedo a la cárcel. Un experto en el tema recomienda los procesos penales porque a pesar de las buenas intenciones y de los eslóganes en favor de la sostenibilidad, en realidad una parte relativamente importante de los políticos relega la protección del medio ambiente en favor de otros intereses, y en muchos casos cometiendo irregularidades. Pero esto se frena con la amenaza de responsabilidades penales.