Condena de 15 meses cárcel por cortar 28 minutos un carril de una carretera para protestar contra la inacción climática. Esto es a lo que se enfrenta una activista en Sidney tras la promulgación de una nueva y polémica ley para responder a protestas ecologistas. Pero no es el único ejemplo de endurecimiento de leyes y aumento de represión contra las acciones climáticas. En Alemania, los miembros del grupo Última Generación que protagonizaron acciones contra obras de arte son investigados como «miembros de una organización terrorista».

Violet Coco es una empresaria de organización de ventas de Sidney que, tras ver la crisis de los incendios forestales que asoló a Australia en 2019, decidió participar en protesta climáticas. Algo que la ha llevado a enfrentarse a una pena máxima de 15 meses de prisión. Ya ha pasado 11 días en la prisión Silverwater de Sídney después de declararse culpable de una serie de delitos cometidos tras una protesta en el puente de la Bahía de Sídney en abril, en la que estacionó una camioneta y se quedó de pie sosteniendo una bengala encendida. Otras tres personas fueron detenidas al mismo tiempo.

Pero su condena –un mínimo de ocho meses de prisión– ha provocado indignación porque se ha convertido en la primera persona encarcelada en virtud de la nueva y polémica ley de Nueva Gales del Sur, promulgada en respuesta a una serie de protestas ecologistas de gran repercusión. También causó indignación el hecho de que se le negara la libertad bajo fianza mientras apelaba la sentencia, veredicto que el tribunal de distrito anuló esta semana. La apelación de su sentencia será juzgada en marzo.

La nueva legislación ha aumentado las penas impuestas a los manifestantes que bloquearan las calles y puentes principales de Nueva Gales del Sur hasta un máximo de dos años de cárcel o 22 mil dólares de multa. Pero no es el único lugar en el que se han endurecido o retorcido las normas para enfrentarse a protestas por la inacción contra el cambio climático. En Alemania, los jóvenes activistas del grupo ecologista Última Generación, que lanzaron líquidos contra obras de arte en museo o bloquearon aeropuertos y carreteras pegando sus manos al asfalto han sido declarados «miembros de una organización criminal».

Es al menos la acusación que la Fiscalía de Neuruppin ha utilizado para pedir la orden de registro de los domicilios de varios miembros destacados de la organización climática. A través de Twitter, Última Generación reveló que las viviendas de once de sus miembros en todo el país habían sido registradas y que les confiscaron aparatos electrónicos como ordenadores portátiles o unidades externas de memoria, carteles y material escrito.

Las autoridades aseguran que investigan una acción en la refinería de Schwedt, al noreste de Alemania, que invadieron los activistas y donde cerraron varios conductos. Pero los activistas ecologistas señalan que consideran estas acciones como un «intento de intimidación» y que el hecho de que les hayan abierto una investigaciones como organización criminal «abren a las autoridades todas las puertas para vigilarnos y es precisamente esta posibilidad su objetivo último».

linea

Radiocable.com y su programa La Cafetera se financian con las aportaciones de lectores y oyentes. Necesitamos tu ayuda para sobrevivir. Si te gusta el periodismo que defiende el programa y sientes que te acompaña, hazte suscriptor-mecenas aquí.

linea

Print Friendly, PDF & Email