El año pasado se cerró en España con 30 vulneraciones ambientales de la UE. Sólo Reino Unido registró más casos, 36. Esto coloca a España como uno de los países europeos que más infracciones ambientales comete. Una de ellas, reciente, sobre la recuperación de desechos urbanos ha motivado de hecho una demanda de asociaciones ecologistas ante los tribunales europeos. Y, según un estudio internacional, estas vulneraciones globales de la normativa europea y los delitos relacionados con la naturaleza dejan una factura de 231.000 millones de euros.

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España debería haber alcanzado en 2020 el 50% de recuperación de desechos urbanos, pero los últimos datos de Eurostat relativos al 2018 muestran una tasa de apenas el 34,7%. Esto ha provocado, según detalla Publico.es en un artículo de Alejandro Tena, que 16 organizaciones ecologistas de la Alianza Residuo Cero hayan presentado una demanda ante la Justicia europea contra el gobierno español por incumplir los objetivos de reciclaje marcados por las normativas de la Comisión.

Este es uno de los ejemplos recientes de infracciones ambientales cometidas por España, pero no el único. De hecho los datos de la UE en 2020 colocan a España como el 2º país del continente con mayor número de incumplimientos, 30, solo por detrás de Reino Unido (36) y por delante de Grecia (29), Francia (23), Italia (22) y Rumanía (21).

Pero además, España terminó el año con ocho casos que podrían desembocar en sanciones debido al incumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y es el segundo Estado miembro en tener más infracciones ambientales acreditadas por la Justicia y sin ser resueltas.

La mayor parte de los expedientes, advertencias y condenas que recibió el Estado español el último año tienen que ver con el mal estado de las masas de agua, contaminación atmosférica, riesgos de inundación, conservación de espacios protegidos como la Red Natura 2000 o gestión de residuos.

A nivel europeo, las infracciones ambientales han aumentado. Así si en 2015 se registraron 286 casos, en 2020 se han alcanzado 451. Esto tiene además un importante coste económico. Un informe de la European Environmetal Bureau (EEB) estima que, cada año, la vulneración de normas europeas y los delitos relacionados con la naturaleza dejan una factura de 231.000 millones de euros.

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