España suspende en la aplicación de los compromisos del Pacto Mundial para la Migración
En 2018, en una cumbre en Marrakech, 152 países acordaron unos principios para abordar los retos que suponen las migraciones a nivel global y firmaron el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular con 23 objetivos concretos. Cuatro años después, la ONGs que vigilan el cumplimiento del pacto han dado a conocer su evaluación: España ha suspendido porque los avances han sido limitados y no se han abordado las cuestiones de fondo, ni los problemas estructurales. Señalan en particular la no creación de vías ordenadas para migrar y la normalización de las devoluciones en caliente.
Hace 4 años, en el #PactoMigraciones, España asumió la obligación de garantizar los derechos de TODAS las personas
❗️Sin discriminaciónHoy hemos presentado el informe sombra que hemos elaborado sobre el cumplimiento de estas obligaciones
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Tras cuatro años siguiendo y evaluando el cumplimiento de España de los 23 objetivos marcado en el Pacto Mundial para la Migración, las organizaciones Red Acoge, Médicos del Mundo, Cepaim, Rumiñahui y Alianza por la Solidaridad presentaron sus conclusiones antes de la cumbre del Foro de Examen de la Migración Internacional, que será en Nueva York entre el 16 y el 20 de mayo. Y el resultado, que recoge Publico.es, es el suspenso para España.
En concreto las ONG justifican el suspenso por la falta avances o lo limitado de estos y el hecho de que no se hayan abordado cuestiones de fondo y problemas estructurales. Menciona en particular que entre las tareas pendientes están la creación de vías regulares y ordenadas para migrar, la protección en la fronteras, los derechos laborales y las políticas de inclusión.
Denuncian asimismo la normalización de las devoluciones en caliente o la gran desigualdad salarial de las personas migrantes respecto a las españolas. Sobre el primer aspecto, se recuerda que España ha ido sellando desde hace décadas acuerdos bilaterales con países de origen y tránsito de migrantes, sobre todo, con Marruecos, Mauritania y Senegal, que iniciaron la llamada externalización de sus fronteras y delegaron el control migratorio a países, donde hay pocas garantías para el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
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