Cinco años después de la sentencia judicial que autorizaba la exhumación de los hermanos Lapeña del Valle de los Caídos para darles «digna sepultura», el Gobierno ha aprobado una subvención de 665.000 euros para que se inicie el proceso que rescate e identifique los restos de estos dos represaliados republicanos de la Guerra Civil y otras 60 víctimas enterradas en el mausoleo madrileño y reclamadas por sus familiares. Sin embargo la «carcasa jurídica» que ha encontrado el gobierno para hacerlo implica pasar por la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, algo que están criticando las víctimas del franquismo y la ARMH.

Según el comunicado del gobierno, el Real Decreto aprobado que concede una subvención de 665.000 euros para la financiación de los trabajos de exhumación e identificación de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista. La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, actualmente titular del conjunto del Valle de los Caídos y que está gobernada por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, es la encargada de la ejecución de las obras.

Se estima que desde el año 1959, los restos de más de 33.000 personas, en su mayoría víctimas de la Guerra Civil,  fueron trasladados, desde fosas comunes de toda España, para ser inhumados en las criptas del Valle de los Caídos. y en los últimos años se han registrado numerosas reclamaciones de familiares de los afectados pidiendo su exhumación. Con esta medida, el gobierno pretende así dar respuesta a estas reclamaciones particulares  y también a los pronunciamientos de diferentes organismos internacionales, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzosas e Involuntarias de Naciones Unidas, parlamentos autonómicos y entidades locales.

Sin embargo, la decisión de entregar los 665.000 euros con los que se va a financiar las exhumaciones a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos ha provocado la indignación de las familias afectadas. Critican, según detalla el diario Público.es, que una entidad creada por Franco, hoy dependiente de Patrimonio Nacional y que está llamada a desaparecer con la Ley de Memoria Democrática por «resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales», vaya a controlar todo el proceso, en vez de que lo haga el propio Estado.

La Fundación de la Santa Cruz fue creada en 1957 por Franco y es la depositaria de todo el contenido y continente del conjunto monumental del valle de los Caídos por designación del dictador. La orden benedictina asentada en la abadía desde 1958 es además la encargada de hacer cumplir los fines de la fundación. Por ello desde la Asociación de Familiares para la Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos han calificado de «burla» que sea esta entidad la que lleve a cabo el proceso.

El gobierno asegura que por la forma jurídica del Valle de los Caídos, esta es la «carcasa» que han encontrado para poder financiar y proceder a la exhumación, pero las víctimas aseguran sentir «desconfianza» por el hecho de que las labores no dependan directamente del ejecutivo o de Patrimonio Nacional.

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