Garoña: El gobierno intenta que el «cierre sea irreversible» ante un eventual cambio de gobierno

El Ministro de Industria lo ha confirmado esta tarde. La vida de la Central Nuclear de Santa María de Garoña no se prolongará 10 años, como había defendido el CSN. Tal y como se esperaba, el gobierno ha decretado su cierre. Será un cierre «definitivo» pero en 2013 como constará en la orden Ministerial, dos años después de los previsto inicialmente, aunque seis años antes de lo propuesto por el Consejo de Seguridad Nuclear.

En la decisión han intervenido «Factores de tipo técnico y también de tipo económico y social», -ha dicho Miguel Sebastián.

Esta será la primera vez que un gobierno español cierre una Central Nuclear en contra del criterio del Consejo de Seguridad Nuclear. Precisamente por eso se trata de una medida de enorme complejidad. Algunos especialistas consultados por el gobierno habían cifrado la indemnización que podría haber tenido que pagar el Estado en 2.000 millones de euros, en caso de no explicitar bien las condiciones. Aún con todo, se espera que las empresas propietarias interpongan algún tipo de reclamación.

Ante el anuncio, la organización Greenpeace ha emitido un comunicado en su página web en el que «considera que Zapatero se ha doblegado a las presiones del lobby nuclear, con lo que demuestra su incoherencia y falta de voluntad política»

Zapatero había manifestado a su círculo más próximo la intención de cerrar la Central Nuclear en el año 2011, al cumplir los 40 años. Fuentes de su entorno atribuyen ahora a la crisis, a la falta de apoyo social, y a las fuertes presiones de las eléctricas el baile de fechas. Por otro lado, tal y como informó esta semana radiocable.com, la Abogacía del Estado considera que un cierre en el año 2011 provocaría numerosos problemas legales al Estado. Ahora se afanan por redactar una orden Ministerial «sin fisuras».

Según la Cadena Ser, «la decisión final del Gobierno se queda a medio camino entre el cierre de la central en dos años que era la intención inicial del Presidente del Gobierno y la propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear que pedía prorrogar la actividad en Garoña diez años más».

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