El periodista Ignacio Escolar publica un interesante texto en estrelladigital.es sobre la acusación de Prevaricación contra Garzón. De nuevo, un simple vistazo a la jurisprudencia desmonta las teorías de quienes defienden que lo que hay contra Garzón es un asunto técnico-jurídico; sólo prevaricación. Mentira. El problema es que Garzón encontró el acta de defunción de Franco, sí, pero no el del franquismo.

«….La prevaricación es un delito que sólo pueden cometer los jueces, funcionarios públicos y autoridades administrativas; es un delito muy poco común, porque la mayoría de las ocasiones en las que un juez es acusado de prevaricar, las denuncias son archivadas. Contra Garzón, Manos Limpias ya había presentado otras 18 querellas antes, hasta ahora sin éxito.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la prevaricación sólo se produce cuando existe una actuación «tan patente y manifiesta, que pueda ser apreciada por cualquiera«.

«Es necesario que la ilegalidad sea tan grosera y evidente que revele por sí la injusticia, el abuso y el plus de antijuricidad», – afirma una sentencia del Supremo, del 17 de junio de 1998.

«Sólo cabe prevaricación cuando de modo claro y evidente, sin posibilidad de duda al respecto, la resolución de que se trate carece de toda explicación razonable, es decir, es a todas luces contraria a derecho», dice otra sentencia del supremo del 26 de junio de 1996.

Y en el caso de Garzón resulta difícil de argumentar esta actuación judicial «grosera y evidente» porque parte de los jueces de la sala de la Audiencia Nacional que en aquel momento estudiaron su competencia compartieron sus tesis. Es decir, que si Garzón prevaricó, también lo hicieron los otros magistrados que le apoyaron.

Aún en el caso de que un juez llegue a ser condenado por prevaricación, la doctrina del Tribunal Supremo suele ser bastante laxa. En 1986 absolvió al juez Jaime Rodríguez Hermida, que había convencido a otro compañero de la Audiencia Nacional de dejar en libertad al jefe de la Camorra Antonio Bardellina. Y más recientemente, el Supremo también ha dado un trato amable al juez de Marbella Francisco Javier de Urquía, que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por cohecho y prevaricación a dos años de cárcel y 17 de inhabilitación como juez. Su delito lo merecía: había cobrado 73.800 euros de Juan Antonio Roca -el cabecilla de la trama corrupta marbellí destapada por la ‘operación Malaya’- a cambio de varias sentencias favorables.

El juez Urquía recurrió y le fue bien. El Tribunal Supremo rebajó la condena de cohecho a 21 meses de suspensión de empleo y eliminó la prevaricación. […]

Para más ironía, de lo más grosera y evidente, entre los firmantes de aquella sentencia que absolvió a Urquía de prevaricar está el propio Luciano Varela, el mismo que ahora ha ordenado que Garzón se siente en el banquillo por prevaricar.