El periódico británico The Guardian, publica un artículo de Giles Tremlett  donde se da cuenta del escándalo que salpica desde hace semanas al Partido Popular.  El artículo afirma: «El juez acusa formalmente a altos cargos conservadores del PP de aceptar sobornos y espiar a otros miembros»:

«Entre la docena de sospechosos, Garzón ha señalado con el dedo a Francisco Camps, jefe del gobierno regional de Valencia, y posible candidato a presidente del gobierno,  como uno de los sospechosos de aceptar sobornos o regalos de empresarios, que canalizó también hacia fondos del partido»

Garzón has pointed the finger at Francisco Camps, head of the regional government in Valencia, and touted as a candidate to run for prime minister, as one of a dozen party members suspected of taking bribes or gifts from businessmen who also funnelled money into party funds. [more]

El asunto, que ha ido llegando por goteo a la prensa internacional, irrumpe hoy de forma llamativa en los periódicos extranjeros. El PP parece no querer darse cuenta de la dimensión del tema. Ahora ha suspendido de militancia a los implicados por Garzón, pero deja fuera del suspenso a Camps y a otros cuatro aforados. Sean cesados, o dimitidos, ¿por qué lo que es es válido para unos miembros del partido no lo es para otros que también están siendo apuntados por el juez? ¿No incumplen también el código ético del PP?