En plena campaña por incorporar a la Corte Penal Internacional el delito de ecocidio como nuevo crimen contra la humanidad y el planeta, se ha sabido que la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) tiene previsto denunciar ante el tribunal de La Haya al presidente brasileño precisamente por genocidio y ecocidio. Consideran que en los actos practicados por Jair Bolsonaro en la Amazonía y contra los pueblos originarios hay elementos concretos suficientes para que la CPI inicie una investigación.

“Ecocidio es cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente”. Esta es la definición legal recogida por doce expertos ambientales y penales, a propuesta de la Fundación Stop Ecocide y registrada en el Parlamento de Suecia que se está enarbolando para incluirlo en la lista de delitos universales contemplada por la Corte Penal Internacional, junto con el genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión.

Hay una gran campaña internacional lanzada para ello a la que se han sumado, además de numerosas organizaciones ecologistas, la ONU o el Parlamento Europeo. El objetivo es prevenir los desastres medioambientales, pero también que el daño deliberado que humanos, industrias o gobiernos causan a la naturaleza no quede impune.

Y en este contexto se ha conocido la intención de los pueblos indígenas brasileños de denunciar a Jair Bolsonaro por ecocidio, además de genocidio. Esto se sumaría a la querella presentada en 2019 por el Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos (CADHu) y la Comisión Arns, integrada por exministros brasileños e intelectuales del país, en la que se acusaba al presidente de Brasil de crímenes de lesa humanidad e incitación al genocidio de los pueblos indígenas.

Luiz Eloy Terena, abogado y coordinador jurídico de la APIB, en declaraciones a El País, ha confirmado que en los actos practicados por Bolsonaro contra los pueblos originarios, «hay elementos concretos para que la Corte Penal Internacional inicie una investigación». Y enfatiza que el presidente brasileño hace además caso omiso de la Constitución de 1988, por la cual debería quedar garantizada la protección de las comunidades de indígenas, así como el derecho que estos tienen sobre su territorio. Según el abogado, desde el Gobierno no se salvaguardan dichas tierras, sino que se incentiva la presencia de los llamados grileiros [cuatreros de tierras públicas], madereros y mineros ilegales.

Si el proceso avanza Jair Bolsonaro podría convertirse en uno de los primeros líderes mundiales juzgado por ecocidio. Aunque si llega a ser condenado, es improbable que sea durante su mandato, ya que normalmente, la CPI suele tardar hasta una década en exigir responsabilidades a los jefes o ex jefes de Estado y de gobierno. no se haga efectiva hasta al menos una década después de su mandato. Pero las penas de prisión por estos delitos podrían alcanzar los 30 años.

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