Indignación social frente al avance y el aval del discurso de odio en España
Este lunes España vivió con gran indignación social la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de avalar el cartel electoral de Vox que criminalizaba a menores no acompañados señalando que «son un evidente problema social y político». A esto se sumó la indignación por las cargas policiales contra manifestantes de la concentración que pedía justicia para Samuel, el joven asesinado en A Coruña. La Cafetera de Radiocable.com puso el foco con el analista José Romero en la respuesta ciudadana frente al retroceso de derechos humanos y la permisibilidad del discurso de odio en España.
A pesar de las palabras de la Audiencia Provincial de Madrid asegurando que los menores no acompañados suponen «un evidente problema social y político», los datos no lo sostienen. Como publicó ElDiario.es, en la Comunidad de Madrid, según los últimos datos oficiales, hay 269 menores extranjeros no acompañados acogidos, la inmigración no está entre las principales preocupaciones de los ciudadanos y no se da una correlación entre llegadas de menores migrantes y el aumento de la delincuencia. Además, subrayan que ningún menor migrante recibe una ayuda directa de 4.700 euros en la Comunidad de Madrid, como dio a entender el partido de ultraderecha en su cartel electoral de las pasadas elecciones del 4 de mayo.
El aval de la justicia al cartel racista de Vox generó una gran indignación social, y planteó el debate de si la justicia se tiene que limitar a la reinterpretación de las leyes, o tiene que hacer una lectura contextual de lo que ocurre en la sociedad. Una sociedad que este lunes se movilizó en diferentes ciudades del país en solidaridad con Samuel, el joven asesinado en A Coruña, y por la defensa de las personas LGBTI. A pesar del contexto solidario y de apoyo al joven, en Madrid la concentración terminó con cargas policiales que han generado una respuesta generalizada de repulsa e indignación social.
Lo que subyace de lo ocurrido este lunes es que «hay quienes confunden a las víctimas con el problema», como escribió la periodista Olga Rodríguez en ElDiario.es, cuando «el ‘problema social y político’ no son los menores extranjeros, ni la gente LGTBI, ni los activistas; es el racismo, la homofobia, la desprotección de las personas vulnerables».
Sobre el retroceso en derechos humanos también pusieron especial atención los oyentes del programa. En la agenda cafetera, la que conforma la audiencia, destacaron la retirada de Turquía del Convenio de Estambul contra la violencia de género. Sobre España, pusieron el foco en las claves de la Ley del «solo sí es sí’.
En la página internacional, se destacó el aval del Supremo a las leyes electorales de Arizona que restringen el derecho al voto de minorías. Y, en Honduras, la condena al autor intelectual del asesinato de la activista medioambiental Berta Cáceres, «un paso muy importante en su caso y de la justicia medioambiental»- señaló Juan L. Uralde. Además Uralde puso el foco en el incendio provocado por una fuga en un gasoducto submarino en las aguas del Golfo de México. Unas imágenes que «muestran nuestra espeluznante capacidad de destrucción y de impacto sobre el entorno en el que estamos». Afortunadamente, dijo, «en España esas imágenes no las veremos porque la nueva Ley de Cambio Climático cierra la posibilidad de extracción de combustibles fósiles del subsuelo, tanto en la tierra como en nuestros mares».
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