“Un crimen de lesa humanidad”. Así ha calificado una jueza argentina la llamada masacre de Napalpí en la que más de 400 indígenas Qom y Moqoit perdieron la vida en 1924 en un fallo que además declara responsable al Estado. Se trata de un veredicto histórico que culmina el «juicio por la verdad» celebrado en abril, casi un siglo después de los hechos, y que reconoce el genocidio indígena y el derecho de estas comunidades a una «reparación histórica» aunque no económica.

En 1924, en la región del Chaco, en el norte de Argentina, agentes de la policía y un grupo de colonos mataron a cientos de indígenas que protestaban por las condiciones de vida y de trabajo inhumanas en las plantaciones de algodón. Las víctimas pertenecían a las comunidades indígenas Moqoit (o mocoví) y Qom y vivían en condiciones de semiesclavitud en la llamada reserva o Reducción Aborigen de Napalpí.

Se trataba de sitios creados por el Estado para concentrar a las poblaciones indígenas y poder explotarlas como mano de obra barata en tierras colonizadas por agricultores inmigrantes procedentes de Europa. A pesar de que unos 400 indígenas fueron asesinados, no se celebró ningún juicio por este crimen hasta el mes de abril de 2022, 98 años después.

Y la jueza argentina Zunilda Niremperger ha dictaminado que la masacre de Napalpí fue un crimen de lesa humanidad cometido en un contexto de genocidio indígenas y considera responsable al Estado. El fallo ha ordenado «reparaciones históricas» que no incluyen compensaciones económicas a las familias o descendientes de los fallecidos pero sí financiar los esfuerzos para encontrar los restos de las víctimas -que fueron enterradas en fosas comunes-.

El fallo también ordena al Estado argentino a celebrar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, que en los libros de texto y las escuelas de Argentina se enseñe la historia de la masacre y que se constituya un museo y un sitio de memoria en el lugar de los hechos.

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