Sabe Baltasar Garzón que dificilmente terminará el mes en la Audiencia Nacional, pero apartarlo tendrá consecuencias. El daño para la justicia española, en términos de imagen, será dificilmente reparable.  A la ciudadanía nos va a costar entender por qué se inhabilita al único juez que ha intentado proteger a las víctimas del Franquismo. Y si aquí es dificil de explicar, en el exterior causa perplejidad. Los corresponsales extranjeros con los que yo he podido hablar no dan crédito, y no son los únicos. Las víctimas de otras dictaduras -para quienes Garzón se había convertido en un símbolo de la reparación- ven como se diluyen sus esperanzas de justicia.

¿Es adminisible? ¿Por qué, entonces, permanece en silencio el gobierno?

Este es uno de los aspectos más inquietantes de todo lo que está ocurriendo. Es muy interesante la distorsión que existe, la percepción tan diferente que hay, sobre la imágen de Baltasar Garzón en España y en el exterior. Garzón es una suerte de héroe en el extranjero porque los caminos que ha iniciado han supuesto la esperanza de muchísima gente, allí donde la justicia disimulaba mirando para otro lado.

Pero no solo se está enviando un nefasto mensaje a la sociedad sobre la enfangada justicia española. Lo más dramático de todo lo que le está ocurriendo es que mientras el poder judicial se encuentra inmerso en una opaca batalla intestina, a las víctimas del franquismo y a sus familiares les acosa el silencio. Estas personas, ya tan mayores -muchos de ellos a punto de morir-, que creían que podrían descansar junto a los suyos, siguen esperando a que alguien tienda una mano hacia las cunetas.

Pero en España no hay compasión por las víctimas. Un ejemplo: cuando Garzón se inhibió envió los casos a los 56 juzgados territoriales. Sólo uno en Zamora abrió una fosa, mientras que en Granada y en El Escorial devolvieron la causa a la Audiencia Nacional y el resto… el resto no ha hecho nada de nada.

Porque, ¿de verdad solo prevarica Garzón? Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando aparecen restos humanos con signos de violencia -sea en un jardín o en una cuneta-, debe personarse un juez en la zona. Esto tiene sentido, no fuera a ser que aprovechando la existencia de una fosa común, alguien decidiera deshacerse de su vecino ocultándole en el mismo lugar. Pues bien, yo mismo pude comprobar en Piedrafita de Babia la actitud de la juez, negándose a cumplir con su obligación, y casos así se han dado por toda la geografía nacional. Los jueces no quieren saber nada, absolutamente nada del asunto.

Desde luego la imágen de la justicia española está quedando por el barro. La nieta de Negrín tiene su propia explicación (expresidente de la II republica). Reclamó la abstención del presidente del Supremo, Carlos Dívar, y otros magistrados de la sala especial del 61 «por falta de imparcialidad para abordar el caso Garzón y los crímenes franquistas». Resulta que juraron «lealtad al caudillo cuando ingresaron en la carrera judicial». Reconozcamos que resulta irónico que sean estos quienes persiguen al juez Garzón, sigan o no siendo fieles a semejante juramento.

Sería buen que el Juez Garzón consiguiese que se permita declarar en su defensa a las personas que ha citado. Puede que no sirva para nada, pero en efecto supondrá una excelente actividad pedagógica sobre nuestra democracia. Entonces podrá venir Carla del Ponte, que ha sido fiscal del Tribunal Penal Internacional, o Raul Zaffaroni que tumbó las leyes de punto final en Argentina. Quizá ellos ayuden a la justicia española a entender los conceptos de democracia, justicia universal, reparación a las víctimas y derecho humanitario. Si ellos declaran quizá nos dejen retratados. Volveremos a ser el pais pequeñito, miedoso, y cobarde que siempre fuimos.

Más allá de la debilidad de los sumarios de Garzón, lo que está claro es que en la Audiencia hay un interés manifiesto por sacarle a él de la carrera judicial, pues de lo contrario ¿por qué no se acusa también de prevaricación a los cuatro jueces que le apoyaron con un voto particular? Por fortuna no se les están persiguiendo, pero al fin y al cabo cuando la Sala intentó paralizar  el caso fueron ellos quienes manifestaron su oposición, suscribiendo su auto y declarando que la Audiencia sí que era competente. Por cierto, uno de ellos José Ricardo de Prada tiene una extensa experiencia internacional en asuntos como Kosovo.

Pero esta es una cacería contra Garzón -como dice Boyero- y lo que se persigue es simplemente su cabeza. Porque no nos engañemos: no es sólo la memoria histórica y el Franquismo el que quiere llevarse por delante al juez. Toda la estrategia que se ha orquestado en contra de Garzón tiene como objeto enterrar el caso Gurtel. Se aprovechan de su investigación sobre el Franquismo sí -beneficiando de paso a Falange, a Manos Limpias y a otras tantas organizaciones-, pero en realidad le apartan por haber puesto las manos sobre el PP. Porque mientras algunos huyen del pasado, el PP está huyendo del futuro, fabricando su inocencia.

Garzón ha apurado los últimos intentos para permanecer en su puesto recusando a tres de los vocales que participan en su causa. Razones tiene para hacerlo. Fernando de Rosa fue conseller de Justicia del gobierno valenciano desde 2003 hasta septiembre de 2008; a Gema Gallego se la recuerda por intentar vincular el ácido bórico a ETA y porque fue aupada a propuesta del PP al CGPJ. Y sobre Margarita Robles el magistrado hace referencia al caso Roldán, los papeles de Laos, los fondos reservados y la investigación de los GAL. Casi nada. La veda se ha abierto y todos aprovechan su debilidad para reabrir viejas deudas.

Lo peor de todo es que los ciudadanos estamos percibiendo que vuelve la mano de la impunidad y que esta vez lo hace sin disimulo.