En los últimos años, cientos de personas han utilizado músicas protegidas para armonizar sus propios vídeos caseros. Al principio, algunas compañías exigían a youtube borrar el canal de audio, lo que dejaba mutilados los vídeos. Pero de un tiempo a esta parte otras compañías empezaron a comprender. Ahora, tales vídeos incluyen un anuncio para que el espectador pueda comprar en Itunes esa música de la comunión, o la que escucha en el vídeo de las vacaciones. Además se incorporan otros anuncios al mismo, con lo que el propietario de los derechos obtiene un beneficio al que no habría aspirado hace unos años. Es lo que se llama evolucionar, adaptarse.

La ley que pretende imponer el gobierno francés para controlar los intercambios en Internet es ineficaz, pura escenografía y es un capricho muy costoso. Tanto por el procedimiento con el que se está tratando de imponer -a Europa y al propio parlamento francés- como por la propia incapacidad del Estado para ejecutarla.

Por partes:

…la ley, -cuenta público.es- había superado innumerables obstáculos parlamentarios la primavera pasada, cuando fue aprobada tras un maratón de un año.

Pero el Consejo Constitucional francés censuró frontalmente su dispositivo central: los expertos estimaron como el Parlamento Europeo que una autoridad administrativa no podía sancionar con la desconexión, y que sólo un juez podía hacerlo.

En vez de reconocer su derrota, Sarkozy ordenó de inmediato un segundo texto para adaptarse a la censura. En la nueva versión, el cambio fundamental consiste en estipular que será una autoridad judicial la que pronunciará la sanción, después de examinar el dossier contra el internauta presentado por Hadopi, la futura Alta Autoridad para la Difusión de Obras y Protección de Derechos en Internet,

En realidad, la obligación de pasar por el juez deja hueco el texto. El objetivo inicial sancionar de forma generalizada, hasta a 350.000 internautas al año ha tenido que revisarse a la baja. Los jueces no podrán tramitar, en el mejor de los casos, más de 50.000 casos anuales. [sigue en Público.es]

De nada sirve la aparente determinación del presidente porque no existen los medios técnicos ni políticos para hacerlo de forma masiva. ¿Podrá la administración tramitar esos 50.000 casos? ¿como serán capaces de discriminar con todas las garantías jurídicas entre descargas legítimas e ilegales? ¿Existe hoy una herramienta tecnológica para hacerlo? ¿Puede y debe destinarse el dinero del contribuyente a una batalla sin fin?

Porque lo que el gobierno francés no ha entendido, al igual que tantas y tantas sociedades de gestión, es que las descargas no son un capricho insolidario de millones de usuarios, son una forma muy reflexionada, muy debatida, de entender la cultura, los derechos de autor, la creación y el precio del trabajo.

No deberían temerla. Somos millones los usuarios dispuestos a pagar por la misma, como bien sabe Itunes. Pero no hay forma de volver al lugar del que viene este tren, de retroceder en el tiempo. Lo que se necesita es una revolución, no una involución.